Política

La razón de gobernar

octubre 07, 2019

La detención en julio pasado del abogado Juan Collado y la reciente renuncia de Eduardo Medina Mora a su condición de juez de la Suprema Corte de Justicia ha removido dos puestos claves en el entramado institucional alterado por el sistema de complicidades que reemplazó a lo que alguna vez fue el sistema político mexicano; éste, con todo y sus contradicciones internas, hizo razonable caso de los reclamos sociales que dieron origen a la Revolución.

No así en el aspecto político que siguió atrapado en las fuentes históricas que formaron el bagaje cultural y de comportamiento gubernamental autoritarios. Ése autoritarismo vertical que después del conflicto armado hizo una lectura aceptablemente correcta de los motivos del conflicto e implementó esfuerzos muy serios para compensar las contradicciones e injusticias sociales. Hasta Miguel Alemán que exponenció la costumbre de los gobernantes para que se enriquecieran con dinero público en el puesto.

El sistema autoritario funcionó relativamente bien y sin demasiadas contradicciones hasta la nacionalización bancaria de 1982, cuando en completa debilidad política, José López Portillo tuvo que aceptar las "sugerencias" del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para que lo sucedieran en el puesto.

Miguel de la Madrid estabilizaría más o menos las variables macro económicas del país, obsesión claramente neoliberal, y dio el paso al gobierno más "antirrevolucionario" que prepararía las cosas para que su sucesor abandonara por completo el principio básico gubernamental de distribuir la renta de forma justa.

Las reformas del gobierno salinista cambiaron por completo las prioridades del Estado mexicano. La riqueza se concentró obscena en una minoría inmensamente rica, recargada completamente en una mayoría entre pobre y extremadamente pobre. Las prioridades cambiaron de distribuir la riqueza de forma aceptablemente justa, a concentrarla en una nueva élite híper rica, beneficiada por la población trabajadora empobrecida o francamente depauperada.

El gobierno ha puesto por lo pronto en marcha varias medidas compensatorias dirigidas a restablecer las mínimas condiciones razonables para el desarrollo de los gobernados.

La prioridad, desde luego, son aquellos en peores condiciones económicas y sociales. Vamos, una base por lo menos mínima para que los empobrecidos tengan un respiro en lo que la nueva política económica crea las condiciones para el desarrollo y la felicidad de los gobernados.

Porque al fin y al cabo de eso trata un bien gobierno, de que los gobernados vivan bien y felices.