Política

Deuda pública y corrupción política

octubre 06, 2019

No es nueva la tesis de que la deuda gubernamental se ve asociada con la corrupción, señaladamente en los casos donde los gobernadores instituyeron una complicada red de traslado, huachicoleo, y ocultamiento en cuentas particulares del dinero destinado a la inversión pública.

Desde el paradigmático caso del priísta Javier Duarte, cuya mayor preocupación y objetivo personal, grupal y profesional fue la de apropiarse del dinero público sin otro propósito aparente más que acumular la mayor cantidad de recursos por medio de una vasta red de empresas fantasma, familiares, compinches y prestanombres que saquearon el erario, hasta el caso del panista Miguel Ángel Yunes que, en su enfermiza e irracional obsesión por heredarle a su hijo la silla gubernamental, desvió una ingente cantidad de recursos, según halló el Orfis para financiar la compra de conciencias y lealtades para asegurarle el triunfo a su vástago,

La obscena manera en que ha sido saqueado el Estado explica en gran medida el acrecentamiento de la pobreza y la inseguridad, pues a falta de oportunidades laborales y mejores condiciones de vida, muchos jóvenes que tampoco han tenido la oportunidad de acceder a la educación superior, ven en la delincuencia una ruta fácil y rápida para la obtención de bienes materiales.

La irresponsabilidad tanto de Duarte como Yunes, por motivaciones similares y ambiciones desmedidas de poder y dinero, alcanzaron también a los ayuntamientos veracruzanos. De acuerdo con el informe de resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2018 que acaba de emitir el Orfis, sólo 11 de los 212 municipios no tienen adeudos que comprometan su viabilidad financiera.

La suma es abultada pues la deuda de los ayuntamientos supera los 4 mil 173 millones de pesos, es decir, en relación con el año anterior se incrementó en un 17 por ciento, circunstancia que halla su explicación en la coyuntura electoral. Pero aún hay más, previsoriamente la anterior Legislatura dominada de facto por la alianza informal del PAN y del PRI, autorizó sin mayores obstáculos un endeudamiento que en principio se explicó como recurso para salir del brete y cubrir pasivos como salarios, aguinaldos y servicios; sin embargo, en el trasfondo se halla el hecho de que muchos de esos recursos se utilizaron para apoyar campañas políticas.

Con reservas y con evidente temor, ayuntamientos de todos tamaños de filiación panista aseguran haber recibido indicaciones del gobierno estatal a cargo de Yunes Linares para destinar parte de esos recursos al financiamiento de la campaña, inflando los costos de obra pública para que los excedentes fueran encauzados a la institución fracasada de la monarquía familiar de los Yunes. A cambio, una vez alcanzado el triunfo, y con los instrumentos legales y de poder que la gubernatura habría conferido al junior, las cuentas y faltantes serían "arregladas" al tiempo de que recibirían el agradecimiento personal del ucrónico gobierno panista.

Es así como puede apreciarse una relación directa entre el endeudamiento y la lucha por el poder, pues según el Orfis, los municipios con más deuda pública municipal resultan Veracruz (749,955 mdp), Coatzacoalcos (487,747 mdp); Tuxpan (275,931 mdp); Poza Rica (155,487 mdp); Pánuco (144,345 mdp); Xalapa (98,438 mdp); Minatitlán (79,083 mdp); Cosamaloapan (77,179 mdp); Tantoyuca (72,606 mdp); Boca del Río (62,181 mdp).