Política

Vuelta a casa

octubre 03, 2019

La letalidad veracruzana es alta. Basta una revisada a vuelo de pájaro de la historia reciente. Cientos de mujeres asesinadas; migrantes muertos o explotados en el engranaje gubernamental con el crimen organizado; escenas macabras como lenguaje de disputa entre grupos criminales; y periodistas sacrificados por maldita la cosa que incomodó a alguien.

La Comisión Estatal de Protección y Atención a Periodistas ha dado a conocer las cifras de colegas asesinados en los últimos 14 años. Dicho de otro modo, 25 periodistas muertos básicamente por irritar a algún poder fáctico local.

Están bien los protocolos y mecanismos de protección que ofrece el Estado por medio de esta comisión independiente. Pero sucede que toda protección que pueda ofrecerse no es otra cosa que una suma de medidas paliativas que buscan acotar los alcances del peligro, pero que de ningún modo pueden dar protección funcional a un periodista amenazado por algún poder. Rubén Espinosa y Nadia Vera son casos contundentes que exhiben la descomposición institucional en el estado.

Lo cierto es que, fuera de algunas pálidas medidas y mecanismos de auto protección y asesoría para el periodista, nada más puede hacer la comisión.

En este esfuerzo de pacificación y reconciliación del país, el papel que tiene la sociedad es sustantivo. El escenario ideal es cuando la colectividad asume la responsabilidad de la reconciliación. De serenar sus reacciones frente a la cascada de estímulos informativos que estorban la visión completa del proceso por el que atraviesa el país.

Eso implica, además del imperativo de estar informado, asumir también la necesidad de serenar filias y fobias al evaluar la información de los asuntos públicos. El país empieza una reconfiguración que habrá de transformar por completo perfil actual del Estado mexicano. Transitar hacia la antítesis del arreglo institucional neoliberal para instaurar el Estado de bienestar como propósito asentado en acuerdo legitimador nacional. Esta vez sin corrupción.