Política

No acreditó gobierno de Yunes origen de fondos ni bienes "recuperados" de Duarte

septiembre 27, 2019

El Ógano de Fiscalización Superior del Estado puso en duda la recuperación de bienes, propiedad de ex priístas que el ex gobernador Miguel Ángel Yunes presumió como uno de los principales logros de su bienio, con los que supuestamente se hizo justicia a los veracruzanos tras el saqueo de las arcas públicas

La auditoría de legalidad que se aplicó al Fondo de Bienes Recuperados, que se creó para administrar los recursos tras algunos decomisos, evidenció que los funcionarios públicos no lograron acreditar el origen de los recursos y los bienes obtenidos.

Muchos de ellos fueron registrados ante la Dirección de Patrimonio del Estado, en junio y julio, cuando el PAN perdió la gubernatura.

El Orfis emitió cinco observaciones, de las cuales sólo una fue parcialmente solventada, por lo que recomendó substanciar los procedimientos para fincar responsabilidad a ex funcionarios yunistas que participaron en la supuesta recuperación.

La primera observación LP-017/2018/001, está relacionada con la apertura de la cuenta bancaria 3071751, de Banamex, S.A., sucursal "Urban Center". La Secretaría de Finanzas y Planeación hizo tres depósitos por: 4. 33 y 36 millones de pesos (73 mdp en total); sin embargo, no se logró acreditar el origen de los recursos públicos.

Tras requerir a varios funcionarios de Sefiplan, se determinó que el Gobierno del Estado de Veracruz no justificó ni la forma o los medios legales, a través de los cuales fueron obtenidos los fondos, para considerarlos como recursos excedentes obtenidos con motivo de la recuperación de bienes.

Otra irregularidad es que no se publicó en la Gaceta Oficial del Estado el registro del efectivo, es decir, se reportaron como parte de bienes recuperados pero no se formalizó el ingreso.

La observación LP-017/2018/002 involucra cuatro lotes localizados en la calle Lagunas de Monte Bello, fraccionamiento Residencial del Lago; cuatro más localizados en Monte Magno Residencial y uno en calle Asentamientos Humanos del municipio de Xalapa; cuatro terrenos en Punta Tiburón Residencial Marina & Golf, en Alvarado; la Torre Pelicanos, en Veracruz, y el rancho la Cartuja, ubicado en Naolinco.

En esos casos se formalizó la donación en los meses de junio y julio del 2018, a pesar de que se reportaron como recuperados desde diciembre de 2016. En todos los casos, los predios fueron donados, pero no se justificó la causa; personas físicas entregaron los bienes a un gestor del gobierno yunista, "sin señalarse los motivos y los fundamentos legales por los cuales se llevaba a cabo dicho acto jurídico ante una persona física, a quien se le reconoció su calidad de ‘Gestor Oficioso del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave’", detalla el informe.

La observación LP-017/2018/003 se refiere a la recuperación del helicóptero Robinson 66 y el avión Lear Jet 45 XR valuados en 39 millones de pesos y 16 obras de Fernando Botero, de Rufino Tamayo y David Alfaro Siqueiros, con un avalúo de 29 millones de pesos.

En el caso de las aeronaves no se comprobó cómo fueron obtenidos, para ser considerados como recursos excedentes del Estado.

Las obras de arte incautadas se recuperaron como parte de la investigación 61/2016 y fueron entregadas en comodato al Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC), en noviembre del 2018; las pinturas no fueron reportadas a la Sefiplan y se desconoce si son propiedad del Estado o pueden ser reportadas como "bienes recuperados", sumado a que no hay garantía de su autenticidad.

El 20 de febrero se anunció que el Gobierno había localizado una bodega en la colonia Paraíso de Córdoba, en la que se encontraron los polémicos diarios de Karime Macías, en las que escribió que "merecía abundancia".

Para poder recuperar ese bien, el Gobierno, en contubernio con el Poder Judicial, logró una declaratoria de abandono de parte del fiscal Séptimo de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, Zona Centro, con sede en la Ciudad de Córdoba, dos meses después de que se publicó el hallazgo.

Por lo anterior, el Orfis pidió determinar por parte de la autoridad investigadora de este Órgano de Fiscalización Superior, mediante el procedimiento para promover el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, si existen irregularidades que permitan presumir la existencia de responsabilidades a cargo de los servidores públicos o particulares, relacionados con los actos jurídicos que fueron materia de la revisión.