Política

El derecho constitucional de la Universidad Veracruzana de presentar iniciativas de ley y la Legislatura del Estado

septiembre 26, 2019

¿Derecho violentado o anulado?

Puede afirmarse que la educación fue el tema más importante de los trabajos preparatorios y del desarrollo de los Debates del Constituyente de Córdoba. Así, en la iniciativa de Constitución Política presentada a la Legislatura del Estado en funciones de Constituyente, el 25 de junio de 1917, el gobernador Cándido Aguilar señala: "Se propone en el proyecto la creación de la Universidad del Estado, como un centro de cultura y de enseñanza, de donde saldrán los planes de estudios para la Instrucción Secundaria y la Especial, y las iniciativas para la creación de nuevas escuelas así como la uniformidad en los sistemas de educación y la formación de un profesorado", agregando:

"El Estado de Veracruz se ha distinguido por su cultura y su escuela pedagógica. Es la oportunidad de afirmar sus progresos y garantizar su desarrollo por medio de un Centro Universitario, que es tan propicio para despertar el estímulo y para formar especialidades notables en los diversos ramos de la cultura humana. Pero lo que seguramente supera a todas las ventajas mencionadas se conseguirá mediante el establecimiento de la Universidad en el Estado, es la independencia y la dignidad del Magisterio. El día que logremos alejar completamente la enseñanza y los maestros del apasionamiento político, estaremos seguros de haber fundado inquebrantablemente la paz orgánica, única condición para el amplio desarrollo de la riqueza.

"Debemos procurar que el maestro no se inmiscuya en la política activa, que no esté sujeto a los partidos cambiantes y caprichosos, que no se le deponga sino por causas graves, como indisciplina, mala conducta pública o privada, incompetencia, etcétera, calificadas por el mismo Cuerpo Docente, obrando con absoluta independencia y con plena justificación. El Gobierno no tendrá más intervención que la que le asignen las Leyes para el fomento y la ayuda pecuniaria, la vigilancia y la requisición de diplomas expedidos por el Consejo Universitario, pero será ajeno a la disciplina y económica del profesorado y de los sistemas de enseñanza, que no tendrán más temas de enseñanza que la que le impone el artículo tercero de la Constitución General de la República".

Bajo estas ideas se aprobó el Artículo 68 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz- Llave, que en la fracción XLIV reguló lo relativo a la educación, en el sentido de que la Legislatura promovería lo necesario para la difusión y mejoramiento de la Educación en el Estado, legislando sobre enseñanza primaria y universitaria.

Así, en la soleada mañana del 16 de septiembre de 1917, cuando se promulgó e inició su vigencia la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave y con ella las raíces y cimientos de nuestra Universidad Veracruzana.

Por lo que se refiere a la enseñanza profesional y de altos estudios, los apartados E y F disponían que estaría a cargo de la Universidad del Estado, la cual tendría enmarcado espíritu democrático y autonomía. Asimismo, establecía ya su nombre al llamarla el apartado F Universidad Veracruzana, formada por educadores y profesionales en cualquier ciencia o arte, con título o sin él, que residan en el Estado, agregando que la Ley General de Enseñanza determinaría los requisitos exigidos para ser miembro de la Universidad. El órgano superior de dirección se depositó en el Consejo Universitario.

El apartado H ordenaba que la Universidad contaría con las facultades e instituciones que acordara el Consejo Universitario. En el apartado I, además, la Universidad tendría a su cargo las bibliotecas públicas, museos, observatorios, gabinetes públicos de ciencias experimentales, universidades populares y demás instituciones concernientes a la cultura general.

Finalmente, el apartado K ordenaba a la Legislatura señalar los arbitrios necesarios para el sostenimiento de la enseñanza, en vista de los presupuestos de gastos que presentara la Universidad, agregando que las contribuciones y rentas destinadas a las escuelas no podrán ser distraídas para otro objeto.

Como se puede observar y concluir, los diputados Constituyentes concibieron una casa de Estudios autónoma, democrática y expansiva, asegurándole un presupuesto, intocado para menesteres ajenos a su importante misión educativa.

Reglamentando el texto constitucional, en la Gaceta Oficial del martes 23 de julio de 1940 se publicó la Ley Orgánica de la Universidad del Estado de Veracruz. La ley, expedida por el gobernador interino Fernando Casas Alemán, precedida de ocho considerandos, dentro de los cuales destacaba que "el gobierno de la Universidad debe encomendarse a organismos de la misma. El artículo 2 de la ley definía a la Universidad como una corporación pública autónoma, con plena personalidad jurídica, sin más limitaciones que las señaladas por la Constitución Local. La autonomía de la Universidad no tendría más limitaciones que las expresamente establecidas por la legislación. Acorde con su autonomía, el Gobierno de la Universidad se integraría por el Consejo Universitario, el Rector y las Academias de profesores y alumnos. Además, dictaría sus propios reglamentos y estatutos, y fijaría sus planes de estudio, métodos de enseñanza y programas.

Sin embargo, la Universidad Veracruzana nació como Institución de Educación Superior con el Estatuto Orgánico del 28 de agosto, publicado en la Gaceta Oficial el 9 de septiembre de 1944 y que entró en vigor el mismo día.

Específicamente, en el considerando IV del Estatuto se precisaba que era necesario dotar a la Universidad de una autonomía compatible con los principios sociales y políticos que sustenta el Estado, concediéndole, al efecto, personalidad jurídica independiente y libre administración de su patrimonio. Después de recorrer el arduo camino logró el derecho a la autonomía plena y absoluta.

Esta característica de nuestra Institución quedó plasmada en el artículo 1° en los siguientes términos: "La Universidad Veracruzana es una institución pública, autónoma, con personalidad jurídica y con fines que le señalan la Constitución Política del Estado, la Ley General de Enseñanza y el presente Estatuto." Otros preceptos facultaron a la Institución para administrar libremente su patrimonio, expedir sus reglamentos, determinar sus planes de estudio, nombrar al personal docente y administrativo, así como precisar métodos, procedimientos y normas.

El largo proceso para consolidar la autonomía culminó con el derecho de presentar iniciativas de ley en lo que corresponda a su vida interna, derecho que ejerció al presentar el 13 de mayo del presente la iniciativa de nueva ley orgánica de la Universidad Veracruzana, de acuerdo a los nuevos requerimientos sociales.

Ahora bien, el proceso legislativo, una vez presentada la iniciativa, de acuerdo al Reglamento interno para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se regula, entre otros, por los artículos 106, 47, 49, 66, 31 fracción VII que en lo que interesa dispone:

1. Recibida por el Presidente de la comisión la iniciativa correspondiente será inmediatamente distribuida entre sus miembros y se citará a una sesión en la que se le dará lectura, se designarán los apoyos técnicos legislativos y se acordarán las consultas y comparecencias de los servidores públicos o de particulares que se considere procedente.

2. Cuando las comisiones permanentes estudien un proyecto de dictamen legislativo, podrán solicitar, por conducto de sus presidentes, la información y las copias relacionadas con su competencia, de los documentos que obren en poder de las dependencias y entidades de los gobiernos, estatal y municipales. Tratándose de los Organismos Autónomos del Estado, el requerimiento se hará en forma directa por conducto del Presidente. También están facultadas para celebrar entrevistas con los servidores públicos que puedan contribuir a ilustrar su juicio respecto de la iniciativa a estudio.

3. La petición de información de las comisiones permanentes deberá hacerse por escrito, previo acuerdo de los miembros de las mismas, y deberá contestarse conforme a la Constitución.

4. Las citadas entrevistas serán generalmente privadas, pero por acuerdo de los miembros del órgano colegiado y con la anuencia del funcionario, podrán hacerse públicas; se sujetarán a la agenda que acuerden la directiva de la comisión y el servidor público, y se llevarán a cabo en los recintos del Congreso, salvo acuerdo en contrario.

5. Las comisiones ordenarán sus trabajos aplicando en lo conducente las normas que para las discusiones, revisión de proyectos de ley y votaciones, establece este Reglamento, pudiendo adoptar prácticas y usos legislativos que no se opongan a las determinaciones vigentes, dándolos a conocer al Presidente para que éste los haga llegar a la Junta de Trabajos Legislativos (artículo 49).

6. Las comisiones emitirán su dictamen dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha en que hayan recibido el expediente, tomando en cuenta la agenda legislativa y la trascendencia e importancia del asunto en cuestión, así como las consultas o comparecencias que deban efectuarse (artículo 66).

7. Las comisiones podrán solicitar por escrito, con la firma de la mayoría de sus integrantes, la ampliación o la prórroga del término para la conclusión del dictamen respectivo.

8. Si mediare excitativa del Presidente, formulada por sí o a solicitud de dos o más diputados, para la presentación de un dictamen, el presidente de la comisión o su secretario explicará al Pleno o a la Permanente las razones de la demora.

9. Finalmente, dentro de las atribuciones del Presidente, la fracción VII del artículo 34 dispone: "Exhortar a los diputados integrantes de las comisiones, a que presenten el dictamen o la resolución que se les hubiere encomendado, si en el término de 10 días hábiles no lo han hecho".

Ese es en términos generales el procedimiento para dictaminar una iniciativa, dentro de los 10 (diez) días a que el Presidente de la Comisión la recibió, sin embargo, han pasado aproximadamente 120 días desde aquél 13 de mayo en que se presentó la iniciativa, es decir, junio, julio, agosto y septiembre, cuatro meses y medio, y no se tiene conocimiento de que las Comisiones hayan solicitado por escrito prórroga o ampliación del término, ni se haya explicado al Pleno o a la Permanente las razones de la demora, permaneciendo una omisión irresponsable que bien merece el pleno del Congreso saber las razones de la excesiva demora.

Es muy lamentable que se anule la facultad constitucional de la Universidad Veracruzana de presentar iniciativa, cuando presentada no se dictamina, el desprecio de más de un año de los trabajos realizados por la Comisión Transitoria y el manifiesto desconocimiento a la resolución de aprobación de la iniciativa por el Consejo Universitario General, máxima autoridad universitaria.

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