Política

Baader, Winckler y el Estado de derecho

septiembre 14, 2019

El 5 de septiembre de 1977, el grupo terrorista alemán Fracción del Ejército Rojo (RAF, por sus siglas en alemán) –comúnmente conocido como la banda Baader-Meinhof– secuestró al presidente del sindicato patronal Hanns Martin Schleyer. Se trató de una de las operaciones más relevantes en la trayectoria de esa guerrilla urbana, y tuvo como objetivo principal negociar la liberación de Schleyer a cambio de la de Andreas Baader, fundador de la RAF, y quien estaba preso desde 1975. En última instancia, la operación fue un fracaso. El gobierno federal alemán no cedió a las condiciones de los secuestradores, Baader se suicidó en su celda en Stammheim el 18 de octubre, y ese mismo día sus camaradas asesinaron a Schleyer.

En este episodio, el entonces embajador francés ante la República Federal Alemana, Olivier Wormser, leyó una intención más profunda por parte del grupo insurgente. Con un secuestro de tan alto perfil, escribió el diplomático en Le Monde, la RAF pretendía también orillar al Estado alemán a violar el Estado de derecho y buscar la liberación del líder empresarial por medio de la violencia. De haberlo hecho, habría dado fundamento a la narrativa guerrillera de que el Estado alemán era, en su esencia, fascista. Consciente de la importancia de la noción de Estado de derecho como fundamento central de la legitimidad de la República, el gobierno prefirió la legalidad a las componendas extrajudiciales con actores que no reconocía como legítimos o al uso espectacular de la violencia.

La anécdota la recupera Michel Foucault cuando se enfrenta al problema de definir el concepto de Estado de derecho y su importancia central para un esquema gubernamental (neo)liberal. A partir de las fuentes, el filósofo francés describe el Estado de derecho como aquél en que las acciones del poder público no tienen valor alguno si no están regidas por leyes que los limitan de antemano; y en el cual hay una diferencia de naturaleza, origen y efecto entre las leyes como medidas generales y las decisiones particulares del poder público. En una sociedad como la alemana de los 70, que venía de un orden jurídico-político como el nazi, donde la legalidad de los actos del poder público emanaba del sólo hecho de que era el poder público quien los ejecutaba, es comprensible que se otorgara tal importancia al mantenimiento del Estado de derecho.

En realidad es comprensible que cualquier sociedad aspire al Estado de derecho; difícilmente uno encontrará hoy en día a un abierto y consciente defensor de un poder público que no esté sujeto a leyes y que, por tanto, su accionar desemboque fácilmente en la arbitrariedad. Sin embargo, acaso esa aspiración a la consolidación de un Estado de derecho a veces lleva a nublar al papel que desempeñaron las condiciones particulares y las fuerzas políticas que estuvieron presentes en el momento en que se definió la legalidad que le dará sustento. Es decir, se defiende a ultranza el mantenimiento de una legalidad cualquiera, sin reparar mucho en cómo fue confeccionada y quién o quiénes son sus principales artífices o beneficiarios.

Pienso en todo esto a propósito de la remoción, supuestamente temporal, del fiscal general veracruzano Jorge Winckler, ejecutada por el Congreso local la semana pasada. No sólo Winckler y sus compañeros de partido han apelado a la salvaguarda del Estado de derecho para condenar la determinación. También ha cundido en diversos espacios la voz que dice no defender "a la persona de Winckler, cuyo desempeño como fiscal ha sido pésimo pero…" la forma en la que lo destituyeron atenta contra el Estado de derecho.

Ciertamente, la legalidad de la remoción es cuando menos cuestionable. No obstante, hay que considerar, por un lado, el proceso político en marcha tanto a nivel nacional cuanto estatal; y por otro, la situación de excepción en la que se encuentra sumido Veracruz desde hace al menos un lustro como consecuencia de la violencia exacerbada y la ausencia de gobernabilidad. Ante esas circunstancias, la valoración de un acontecimiento como éste no puede ceñirse exclusivamente a su conformidad o no con el Estado de derecho realmente existente. Soy plenamente consciente de los riesgos que tal afirmación entraña, pero la ventana política abierta por la legitimidad popular de la narrativa del ‘cambio de régimen’ que abanderan los gobiernos nacional y estatal marca una coyuntura crítica que no debe ser desaprovechada para, precisamente, dotar de un sentido social e histórico a un Estado de derecho que, planteado como lo ha sido en las últimas décadas, no inspira autoridad ni legitimidad algunas.

En la Alemania de los 70, la defensa intransigente del Estado de derecho se concebía como la mejor garantía para evitar el retorno al nacionalsocialismo; i.e. tenía un claro propósito histórico y político que permitía a la sociedad identificarse con él. En el México del siglo XXI, la defensa instransigente de un Estado de derecho en cuyo marco la nación mexicana ha sido desdibujada por la violencia, se parece mucho a ser facilitador de la permanencia del estado de cosas. Tómense los riesgos, de eso se trata la política, de eso se trató la elección del año pasado, y de eso se trata la remoción del fiscal veracruzano. Tómense los riesgos, claro, pero también asúmanse las responsabilidades.

Twitter: @jesevillam