Política

La cabrona arrogancia

septiembre 08, 2019

Todo el desgarriate sobre el caso Winckler con las obsesiones de manipulación y salvaguarda de espacios de poder fáctico por parte de su alter ego, mentor y referente espiritual, Miguel Ángel Yunes, ha terminado por apaciguarse de una forma que se antoja francamente tonta. El dúo edípico Winckler/Yunes, en toda su malintencionada previsión, pasó por alto que no bastaba con el nombramiento formal del gobernador que estaba en funciones cuando accedió al cargo, sino que era preciso certificarse y validarse frente al Consejo Nacional de Acreditación y Control de Confianza.

Hay circunstancias que explican el desprecio por formalidad. Yunes Linares ni remotamente consideró posible perder la elección. Tenía como gobernador el presupuesto, los instrumentos y los operadores políticos para inclinar o manipular en su caso los resultados electorales. No fue posible hacerlo porque el mandato popular fue contundente, no más neoliberales hijos de mala madre que despedorraron al país y se enriquecieron a costillas del bienestar de millones. Aún está fresca en la memoria aquella fotografía tomada desde exteriores hacia la oficina del gobernador en donde se ve a éste enterándose desolado de las tendencias del voto abrumador a favor del actual gobernador del estado. Desde la autocracia, la humildad democrática de la posibilidad de perder no tiene uso práctico. Se hace lo necesario para apropiarse del poder. Con o sin el respaldo del voto mayoritario, que para eso son los operadores políticos, carajo.

Pero no, el sentido del voto fue tan contundente que no hubo posibilidades de trampear de forma eficiente. Lo hicieron, desde luego, pero no fue suficiente.

Claro es que nunca consideraron la posibilidad de perder y despreciaron los protocolos de certificación porque las certezas sobre el futuro eran amplias. Perdieron por lo que se dedicaron a estorbar y protegerse. Como no se certificó Winckler en tres años, hay motivos para removerlo del cargo. La nueva encargada del despacho tiene algunos meses para hacerlo.

Hay una lección en todo esto para los tomadores de decisiones y los hacedores de leyes: no basta con los buenos propósitos enunciados para hacer una buena reforma institucional. Es necesario también considerar las lagunas que se dejan por suponer que los actores políticos actúan siempre de buena voluntad y en interés de los gobernados. Casi nunca es así. Y con los políticos del régimen anterior, jamás es así. Primero sus intereses personales, luego los de su cofradía política, luego el partido, eventualmente alguna enunciación leal respecto a la nación, pero los gobernados concretos nunca son una variable que realmente importe. Son prescindibles, excepto para el voto, la fotografía o crear una atmósfera de legitimación.