Política

Empieza la revisión

septiembre 07, 2019

Entre la vorágine de reacciones y opiniones desatadas por la remoción del fiscal Jorge Winckler subyace la distorsión de origen en el tránsito del esquema de las procuradurías, dependiente absoluto del Poder Ejecutivo al modelo de las fiscalías como órgano autónomo del Ejecutivo. El proceso de transición de uno a otro esquema fue distorsionado desde su origen. Es natural, fue diseñado en la lógica del esquema anterior de simular formalmente algunos cambios importantes en los contenidos del pacto social, para que todo siga igual. Gatopardismo de la más pura cepa.

La reforma hecha en el régimen anterior del sistema de justicia en México lo dejó severamente desordenado. Desorden que es claramente sintomático de un federalismo deliberadamente permisivo del uso de la justicia con fines políticos. Más la indolencia histórica de innumerables gobiernos estatales con el beneplácito del gobierno federal, o central si se prefiere.

Ello derivó en procuradurías y fiscalías locales con deficiencias estructurales agobiantes, igualmente dependientes de los Ejecutivos locales, mientras la Fiscalía federal se agobiaba de responsabilidades y recursos insuficientes.

Los gobernados quedaron así atrapados en situación muy precaria: con instituciones locales de justicia débiles, dependientes orgánicas de sus Ejecutivos, y una Fiscalía General de la República con amplias competencias, pero pobres resultados. Todo en medio de una violencia patológica inducida por los billonarios intereses de las economías informales de gran escala, las economías criminales.

Había un razonamiento preventivo en hacerlo así, en el improbable caso de perder el poder, quedaría la salvaguarda de una Fiscalía leal al Ejecutivo saliente. El caso veracruzano es referencial. Los días de turbulencias continuarán por algún tiempo, probablemente hasta que la SCJN decida revisar los procedimientos de transición, tarea nada fácil.

Por lo pronto, ha habido movimiento en el tablero, termina la encerrona. Derrotar a las mafias políticas patrimonialistas en el terreno legal es imprescindible para su neutralización y exhibición. No será tarea fácil. El régimen de intereses anterior resistirá con todo lo que pueda y, si nos atenemos a su poder económico, eso es bastante.