Política

Heterodoxia

septiembre 05, 2019

La decisión de los diputados de remover al fiscal puede ser controversial desde muchos puntos de vista. Desde aquellos que apelan a la ilegalidad hasta quienes reprueban el procedimiento, más una larga ristra de matices que fluctúan entre uno y otro extremo.

Lo cierto es que se ha roto una situación de nueve meses en donde la procuración de justicia fue matizada por los intereses de un grupo de poder. O un grupo familiar de poder, para ser precisos.

La discusión no está en que si tal grupo hacía nugatorio o no el principio de justicia que debe proveer el Estado. O si el procedimiento para concretar la remoción del fiscal es correcto o no.

El asunto radica en la relación costo-beneficio de su permanencia en el puesto. El estado tiene un rezago histórico monumental en la materia; a éste se suman todos los horrores y hechos de sangre impunes acumulados en los 13 años que suman de los tres gobiernos anteriores. Dos priístas y uno panista que, para todo tipo de análisis, no había diferencia realmente sustantiva entre ellos. Neoliberalismo priísta o neoliberalismo panista es irrelevante, son la misma sub especie. Mantener la civilidad formal implicaba aceptar la ineficacia y la impunidad como principios.

Da inicio un proceso que puede ser largo y farragoso de apelaciones, amparos y discusiones donde necesariamente se ventilarán los errores de operacionalización del tránsito entre las procuradurías y las fiscalías. Qué bueno que suceda. De otro modo se mantendría un estancamiento en donde el pagador será el pueblo gobernado.

Faltan cosas por suceder y el resultado final es incierto. Pero en lo que llega el fin de la litis, es posible se disuelva en parte el tapón que impide el imperio de la justicia en el estado. Porque, hasta ahora, los únicos pagadores del desgarriate en el que está el estado son los gobernados que menos recursos para hacerlo tienen.