Política

La guerra y la paz mexicanas

agosto 30, 2019

Desde la campaña electoral de hace más de un año, uno de los temas más conflictivos para el ahora presidente López Obrador fue el de la pacificación del país. Más allá del estribillo de "abrazos y no balazos" que constantemente resurge en el discurso presidencial, sus distintos anuncios, planes, y estrategias para combatir la inseguridad y traer la paz a las comunidades han estado plagados de diagnósticos superficiales y contradicciones envueltas en una retórica etérea pero difícilmente traducible en acciones concretas. Más allá del establecimiento de un nuevo cuerpo policial militarizado en la Guardia Nacional, es el tema de la inseguridad donde el gobierno de López Obrador se encuentra menos cómodo.

El más reciente ejemplo fueron los dimes y diretes derivados de supuestos contactos y pláticas entre el subsecretario de Gobernación Ricardo Peralta y grupos armados que presuntamente estarían interesados en dejar las armas y transitar hacia la normalidad. En última instancia, el presidente intentó dar carpetazo al tema desautorizando públicamente a Peralta y solicitándole "ajustarse a la Constitución" y negando cualquier posibilidad en establecer diálogo con grupos armados. Es comprensible que López Obrador haya asumido esa retórica legalista, particularmente en un tema tan delicado como el escenario de violencia generalizada por el que atraviesa el país; sin embargo, resulta difícil pensar que la secretaria de Gobernación y su subsecretario actuaron sin el consentimiento y conocimiento del presidente. Después de todo, en repetidas ocasiones durante su campaña habló de la posibilidad de una amnistía para aquellos civiles que estuviesen interesados en dejar las armas para reinsertarse en la sociedad.

Al respecto, creo que es pertinente hacer algunos apuntes con respecto a un sendero ciertamente prometedor para salir de la violencia que nos envuelve, pero que el gobierno actual parece no terminar de descifrar como caminarlo. Coincido con López Obrador en su desacuerdo frente a la trillada fórmula de "ni perdón ni olvido", en virtud de que estimo que el tránsito hacia la paz y la reconciliación de una sociedad atravesada por la violencia requiere tomar una decisión entre la justicia (o el perdón ) y la verdad (o el olvido). Según el caso y el interés de los agraviados, a veces puede ser preferible prescindir de los castigos que la ley estipula para determinados crímenes si lo que se quiere es llegar a conocer la verdad.

Por un lado, entonces, asumir una posición legalista intransigente resulta no sólo irrealizable sino posiblemente hasta pernicioso. No hay que olvidar, por ejemplo, que en Estados Unidos la negociación de la ley – y de las sanciones que ésta implica – con criminales es práctica común en el sistema de justicia. Si la negociación de la ley es perfectamente concebible dentro de una democracia funcional, tanto más debe serlo para una situación de excepción como la que representa el conflicto armado irregular en el que México ha estado sumido desde hace poco más de una década. Pensar, como se suele hacer en países que buscan transitar hacia la paz desde un conflicto armado interno, en el establecimiento de una jurisdicción especial para la paz debe ser una alternativa a considerarse seriamente.

Por otro, sin embargo, el caso mexicano presenta algunas características que desafían a los mecanismos de justicia transicional que se han implementado en la práctica en otras latitudes. A diferencia de muchas de las guerras civiles que han desembocado en jurisdicciones especiales para tratar los crímenes más graves cometidos en el marco de dichos conflictos, el de México es un conflicto con particularidades que impiden una reproducción aséptica de fórmulas como la amnistía para los responsables de determinados crímenes o las negociaciones con actores armados para pactar una gradual salida de la violencia y reinserción social de los combatientes.

En virtud de que en la base de la guerra mexicana no hay una rivalidad de programas políticos o ideológicos sino más bien una dinámica de competencia por el control de diversos mercados, legales e ilegales, negociar con actores involucrados en esa dinámica es una empresa futil para el gobierno. Ciertamente, durante el siglo XX el Estado mexicano consiguió gestionar los mercados ilegales – principalmente el de la droga – de manera exitosa mediante la negociación y los pactos selectivos con distintos grupos criminales. Esa dinámica hoy, sin embargo, no se puede reproducir. Para empezar, por el hecho de que es difícil hablar de organizaciones criminales con una estructura cohesionada y una jerarquía clara. Precisamente como consecuencia de la ‘guerra contra el narco’, las organizaciones criminales se han fragmentado hasta el infinito, de modo que hoy es difícil encontrar entre la miríada de milicias y bandas armadas a algún interlocutor con la suficiente autoridad como para siquiera pensar en un diálogo.

A nadie, ni a los grupos criminales, conviene la violencia exacerbada que hemos visto en los últimos meses. Pero ante la posibilidad de la pérdida de mercados en condiciones de incertidumbre, como la que acarrea un cambio en las formas y modos de gobernar que enarbola el presidente López Obrador, todos están dispuestos. Salir de esta violencia, por tanto, requiere de reformulaciones audaces de los diagnósticos que hemos escuchado por más de una década, basados en el lugar común de que todo se resolverá con el "Estado de derecho". El nuevo gobierno quiere animarse a esa reformulación pero no termina de descifrar cómo. Hay que apretar el paso, aunque no sé si con éstas secretarías de Gobernación y Seguridad hay forma de hacerlo.

Twitter: @jesevilla