Política

Las descalificaciones entre el gobierno del estado y la fiscalía la pagan los gobernados

agosto 30, 2019

La tragedia de Coatzacoalcos marca el extremo –hasta ahora– de la degradación de la más básica obligación del Estado, proveer seguridad y certidumbre en la vida y bienes de los gobernados.

Hasta ahora ha sido completamente nugatoria. Parte importante de la violenta inseguridad que sofoca a los gobernados es de larga data; herencia del tres gobiernos del régimen pasado. Fidel Herrera, Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes. Gobiernos de nomenclaturas distintas pero idénticos en propósitos e intenciones originales. Las diferencias podrán ser cromáticas o discursivas, pero esencialmente son lo mismo. Todos asumen al gobierno como un instrumento para apropiarse del dinero público. Nada más. Discursos y diferenciaciones político ideológicas son meras formalidades y al final todos son neoliberales. Los costos los ha pagado sobradamente la sociedad y es ésa la razón por la que decidió cambiar.

El cambio, sin embargo, no es. Y no porque falten las políticas y la intención para hacerlo, sino porque en el estado las condiciones de injusticia y rezago sociales podrían cambiar y aún así sería irrelevante porque el problema que hoy determina la agenda y las preocupaciones de los gobernados es la impresentable inseguridad pública. No hay más. Es eso y ya.

La forma en la que los tomadores de decisiones han lidiado con esto es calamitosa. Gobierno y Fiscalía del Estado han estado en completa confrontación, y sin la madurez institucional que garantice servir a los gobernados. Los niveles de torpeza son casi proverbiales. Veracruz es con mucho, y desde hace mucho, el estado más violento del país. La buena relación entre el gobierno federal y el estatal ha servido de muy poco y no se refleja en la paz social y mucho menos en la tranquilidad y calidad de vida de los gobernados. A esto se suman informaciones que sugieren novatez, en el mejor de los casos. La información proporcionada al Presidente por parte del gobierno resultó ser imprecisa. Gobierno y Fiscalía se contradicen en qué es responsable de dejar ir a quien es señalado como uno de los perpetradores del incendio del bar en Coatzacoalcos. Al margen del costo que tal estado de cosas pueda tener para el proyecto que el gobierno y la sociedad tienen en la recuperación para el país de un nuevo Estado de bienestar, el diferendo político entre gobierno y fiscal degrada toda posibilidad de reinstaurar la tranquilidad del Estado de derecho para los gobernados.

A la sociedad le tiene sin cuidado las diferencias –y la naturaleza de tales diferencias– entre el gobierno y la Fiscalía General del Estado. Lo que la sociedad reclama es que se ponga fin a la pesadilla violenta que padecen los gobernados desde hace 12 años.

Si Winckler es herencia y el gobierno lo abomina, a los gobernados les importa un comino.

La exigencia es que entreguen resultados. Si el fiscal es o no un cero a la izquierda ya se demostrará. El gobierno por su parte debe a los gobernados más prudencia en la prontitud de sus reacciones. Es preciso dejar en claro frente a la sociedad la ruta a detalle de quién detuvo al perpetrador y quién lo liberó. Con documentos y bitácoras públicamente exhibidas. Un mínimo de seriedad será bienvenida porque es necesaria.

Quien hoy paga los costos de tales animosidades y desencuentros son los ciudadanos gobernados. Lo pagan con sangre y sin anunciarse. Así nomás, aleatorio. Esto es algo a lo que debe ponerse punto final. Sin justificaciones o explicaciones tangenciales.