Política

Aceptar la enfermedad

agosto 25, 2019

Hace tiempo que el espacio editorial de La Jornada Veracruz sostiene que la sociedad mexicana en general y especialmente la veracruzana inciden en comportamientos patológicos que se ceban en las mujeres y en la comunidad LGBTTI. El asunto no es en absoluto menor y reclama la intervención inmediata tanto de las autoridades todas, como de una actitud de la sociedad mucho más participativa, que lo es, pero la gravedad del problema es mayúscula. Al día siguiente en que las mujeres tomaron las calles y que la CDMX se vistió de diamantina y humos rosas, se dio la noticia que en las horas transcurridas entre la marcha y el amanecer del sábado se había asesinado a 77 mujeres en el país. El dato es contundente. No hay una relación causal entre la marcha y la muerte de ésas mujeres, pero el dato es contundente.

Fenómenos como Ciudad Juárez, el estado de México y Veracruz sugieren fuertemente que es un problema generalizado en la sociedad mexicana, no meros fenómenos puntuales. Porque el problema no es el consabido machismo mexicano, el problema es el sistema, la mentalidad patriarcal. Participan y la reproducen por igual hombres y mujeres.

Veracruz es el estado en donde el problema salta a la vista como uno público y que exige una definición de gobierno en una política pública explícita. En los meses transcurridos del año se ha asesinado a 17 personas de la comunidad LGBTTI. Esto es un asunto que ha llamado ya la atención de los organismos multilaterales, específicamente el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH). El Alto Comisionado le exige al gobierno y urge a las autoridades para tomar todas las medidas necesarias contra los homicidios y la violencia enfocada a las personas LGTTI. De acuerdo con el organismo, la medida más inmediata es "que ninguno de estos casos quede en la impunidad". No poca cosa si nos atenemos a la distorsión histórica que hereda la Fiscalía del Estado, la apropiación de una institución nueva y en formación, por la facción gansteril de un partido político con profundos intereses en que las cosas permanezcan como están.

Por lo pronto, el representante en México de la ONU-DH, Jan Jarab, le recuerda los compromisos al gobierno mexicano. Especialmente en el caso veracruzano. No pareciera prudente desatender ni al reclamo de la ONU-DH, ni el imperativo de la definición clara de una política al respecto.