Política

FALANGES: Seguridad pública: entre la delincuencia y el derecho a la autodefensa

agosto 24, 2019

lmaury_cruz@hotmail.com

Los delitos del fuero común son competencia de autoridades locales. Los delitos federales se articulan con conceptos como: delincuencia organizada, actos u omisiones en contra de bienes federales y contra la nación. Los delitos federales remiten en gran medida al Libro Segundo del Código Penal Federal vigente, también hay en materia electoral, fiscal… El problema de la inseguridad es un hecho innegable, los delitos relacionados con la venta de productos ilegales, el narcotráfico, el secuestro, la extorción, el cobro de piso, la trata de personas, los enfrentamientos armados, los toques de queda; no se pueden entender sin la delincuencia organizada y con gran frecuencia en colusión con miembros de las autoridades policiales, ministeriales y judiciales, con la venia de ejecutivos municipales y algunos estales. En los municipios donde la incidencia delictiva es mayor, también hay mayor corrupción, así la inseguridad es un problema de corrupción e ineptitud del funcionariado, en efecto hay excepciones.

El problema de la inseguridad es multidimensional e intersectorial. Su combate requiere de: 1) Un bloque policial profesional y coordinado, que para el régimen actual remite a: la Guardia Nacional, policías municipales y estatales, pero deberá contar con formación y equipo táctico, formados en derechos humanos, primeros auxilios, protocolos policiales para actuar como primer respondiente, con condiciones físicas y psicológicas aptas, con salarios y prestaciones justas y dignas, esto dista mucho de la realidad, es una dolencia en la mayoría de las Entidades del país.

2) Una política económica y social, no de asistencialismo, sino de desarrollo de economías sociales que incentive la generación de empleos dignos y permanentes, potencializando zonas urbanos y conurbanas con problemas delictivos, recurriendo al clúster y al valor agregado, por ello no basta, aun que son justas las becas Benito Juárez y el apoyo adultos mayores. 3) La recuperación y dignificación de espacios públicos para la convivencia social y familiar en condiciones materiales de seguridad, higiene, urbanismo y dignidad; el nivel de urbanismo y civilidad en la mayoría de las ciudades el país es endeble, pocas gozan de un urbanismo estable.

5) Una fiscalía competente con fiscales, peritos con conocimiento técnico y jurídico para la integración de carpetas de investigación con rigor científico y aplicando de derechos humanos; sin embargo, el descredito de la Fiscalía General del Estado de Veracruz es notorio por ser el testaferro del poder factico de Yunes Linares. 6). Un sistema de impartición de justicia capacitado y con carrera judicial. Pero son notorios los reveces que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le ha dado al Tribunal de justicia del Estado de Veracruz y a su Presidente Magistrado Edel Álvarez Peña, quien no tiene carrera judicial y ha investido a personas como jueces sin la edad de ley y sin carrera judicial.

La inseguridad se generó por la debilidad institucional del Estado, la falta de una política económica y social para el desarrollo de economías sociales y la calidad de vida. La falta de capacitación para competencia policiales acordes la reforma de 2008 en materia penal y de 2011 en materia de derechos humanos. La nula política de proximidad social y de prevención integral del delito. El efecto de la inseguridad es multifactorial agudiza la descomposición social, emigración de capitales, incrementa la pobreza, debilita las instituciones públicas.

Resulta evidente que localidades donde los índices delictivos son graves, hay un flagrante incumplimiento de la función del Estado de la seguridad pública; es decir, se está en condición fáctica de indefensión, en peligro inminente. Esto es la justificación de las autodefensas. Sin embargo, el derecho de propiedad y posesión de armas es un derecho constitucional, está restringido en la práctica y es de factor un monopolio estatal la venta de armas que de hecho restringe este derecho al particular.

Las autodefensas nacen por un interés real y una violación a derechos humanos e incumplimiento de la seguridad pública por parte del Estado. También, es verdad que varios grupos delincuenciales se han disfrazado de autodefensas para aniquilar a sus adversarios. Es decir, no todas las proclamadas autodefensas son tales; como no todos los policías son delincuentes.

Cabe preguntar: ¿Qué hacer cuando el Estado está rebasado por la delincuencia y sus funcionarios son corruptos, timoratos o ineptos?, ¿el acceso a la propiedad y la posesión de armas le permitiría a la persona defenderse de delincuente?, ¿es su derecho portara armas para su defensa?, ¿hay política integral contra la delincuencia desde las esferas federal y local?, ¿es sensata la lucha al crimen sin políticas para el desarrollo de economías sociales, y sin rescate de los espacios públicos?, ¿estamos frente a la desobediencia civil legitima?, ¿esto es sensato?...