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agosto 24, 2019

El corredor Puebla-Veracruz es, desde hace años, territorio de disputas no sólo a nivel horizontal entre empresas criminales, sino también asimétrico entre empresas y grupúsculos criminales. No es algo nuevo desde hace por lo menos una década. El volumen y tránsito de mercancías es colosal, por ahí pasa nada menos que el flujo económico entre la Ciudad de México y el Puerto de Veracruz. En el régimen anterior no necesariamente era del interés de los gobernantes combatir la presencia territorial de empresas criminales, toda vez que se beneficiaban de ésta. Ya fuera directa o indirectamente.

Esto resultó en que la importancia del corredor creciera al punto en que la lógica dominante fuera la de las empresas criminales. El Estado se había retraído al esquema estulto de la confrontación a secas. Interesadamente ineficaz y extraordinariamente costoso en vidas y recursos económicos. Esto pasaba también por el interés de las más altas esferas de los procesos decisorios.

El cambio de régimen federal y en los gobiernos de Veracruz y Puebla ha hecho posible, al fin, alguna suerte de política estratégica con perspectiva de Estado y de políticas públicas, no sólo de interés público y decidida exclusivamente en la burocracia.

Por lo que afirman las autoridades, tienen una lectura que, por lo pronto, parece no adolecer de datos actualizados de campo. Faltan por ver los impactos y resultados que esto tendrá tanto en el crimen como en la seguridad y bienestar públicos. Pero hay razones para el optimismo, aún cuando por sanidad mental es mejor mantener el escepticismo. "Soy optimista porque no parece de mucha utilidad ser cualquier otra cosa", decía Winston S. Churchill, en medio de la batalla por Inglaterra.