Política

Winckler vs Gutiérrez, asunto de Estado

agosto 21, 2019

Hay un punto de vista que no se puede perder en el horizonte del evidente enfrentamiento que existe entre la "autónoma" Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública en torno a mutuos señalamientos de incumplir con sus responsabilidades conferidas por la ley.

Hugo Gutiérrez Maldonado y Jorge Winckler Ortiz tienen una enorme tarea que va más allá de sus filias y fobias políticas. Ambos deben el cargo a la sociedad y es a la ciudadanía a quien deben responderle.

En el caso de la SSP, ésta es una dependencia dependiente del Poder Ejecutivo estatal y tanto éste como la dependencia responden en sus acciones al mandato popular conferida al gobierno morenista en julio del año pasado. Que el responsable de la SSP cometa errores de apreciación de hechos, carezca de capacidad argumentativa y en una parte del imaginario colectivo –insuflada claramente por una perniciosa y persistente campaña mediática puesta en marcha por intereses desplazados en el pasado proceso electoral y que aprovecha dislates e inflama verdades a medias para aprovechar la difícil coyuntura en materia de seguridad que vive la entidad– exista la idea que el funcionario ha sido incapaz de rendirle buenas cuentas a la sociedad, puede llegar a pensarse que , en efecto, la batalla está perdida y que su remoción vendría a mejorar el estado de las cosas.

También es un hecho que Hugo Gutiérrez Maldonado vino a ocupar la dependencia estatal que, acaso, es la que más estaría en el ojo de la ciudadanía y que cualquier error, como el impedir la entrada a algunos reporteros a sus conferencias, sería usado en su contra.

Más allá de la innegable inseguridad que asola distintas regiones de la entidad, incidencias de esta naturaleza reclaman del titular de la SSP mayores resultados y dejan en claro que tiene una enorme tarea por delante, que se acrecienta en la medida que la llegada de un gobierno distinto al PAN y al PRI representó para una inmensa mayoría de la población la posibilidad de que hubiese un cambio sustantivo en el estado de las cosas.

De ahí que la obligación de Gutiérrez Maldonado resulta mayúscula. De su actuación depende en gran medida la imagen del gobierno estatal e inclusive, es más importante que la de la operación política.

Por el lado del fiscal, Jorge Winckler Ortiz, y de acuerdo con sus acciones desnudadas una y otra vez por distintas autoridades estatales y federales del sector así como de grupos sociales dañados por la delincuencia, es evidente que su indeseada incrustación en el gabinete morenista se ha convertido en un obstáculo para una armoniosa actividad conjunta entre las dependencias del sector seguridad.

Para nadie es un secreto que aprovechando la inercia legislativa y legal que empujó la pasada gestión panista-perredista, el abogado para asuntos particulares de la familia del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares no actúa dentro de la responsabilidad que le fue conferida; al contrario, y de ser cierto, tan sólo una mínima parte de todos los señalamientos que se le han hecho por proteger delincuentes, congelar expedientes para generar conflictos de seguridad y cuidar los intereses políticos del panismo, su actuación debiera ser sujeta a una profunda revisión que le fincaría responsabilidades penales.

Si Gutiérrez Maldonado es incapaz o Winckler Ortiz responde a intereses políticos de grupos desplazados por la iniciativa popular, son asuntos que en efecto, están incidiendo en la inseguridad que vive la ciudadanía. Urge pues una solución que responda a las preocupaciones de la sociedad y no sólo a dos visiones políticas de la realidad.