Política

Entre la indefensión y la agresión de autoridad

agosto 20, 2019

Hace cuatro meses y algunos días fueron heridas nueve personas en Tuzamapan, dos de ellas murieron. Casi un mes antes se había masacrado a 13 personas en Minatitlán, un bebé entre ellas. La semana pasada ahí mismo fueron agredidas otras ocho personas, un grupo de productores de limón que comercializaban su mercancía en vía pública.

Según testigos habrían sido unos 12 perpetradores quienes dispararon en más de 50 ocasiones sobre sus víctimas. Más allá de un eventual ajuste de cuentas o una venganza por maldita la cosa, el acto es una declaración pública de tener la fuerza y la disposición de usarla para el terror.

Es clarísima la razón por la que los habitantes de Tuzamapan piden se quede la fuerza del estado. No hay policía local, municipal, y la presencia de la SSP es apenas ocasional. Dicho de otro modo, la completa indefensión en una zona dominada por violentos. Una visita del delegado federal Manuel Huerta dio ocasión para que los habitantes plantearan sus problemas y preocupaciones. Durante la visita llegaron varios policías estatales a bordo de una sola patrulla y tan pronto se apearon empezaron a tomar fotografías con sus teléfonos móviles a los habitantes que hablaban con el delegado federal. Fue éste quien pidió a los policías se retiraran.

De un tiempo a la fecha y con la explosión de equipos móviles de propósito múltiple, a los policías, sin importar la institución a la que pertenezcan, les da por grabar a la población civil en cualquier situación o diferendo que obligue a interactuar con la ciudadanía. Esto, la mayoría de las veces, es una agresión o, en el mejor de los caos, un acto intimidatorio. Se hace sin ningún protocolo y casi siempre como respuesta a la decisión ciudadana de grabar la discusión con el oficial policiaco. El ciudadano tiene el derecho de grabar al oficial, pero éste no tiene ningún derecho de hacer lo mismo con el ciudadano porque es un acto intimidatorio de la autoridad; que no en el caso de la ciudadanía.

Esto sucede porque no existen protocolos suficientemente explícitos y claros para los policías. Los policías no pueden grabar a la ciudadanía por la simple razón de que no está explicitado en los protocolos de interacción con la ciudadanía. En el caso del civil de a pie, éste está en todo su derecho de hacerlo porque no le está explícitamente prohibido.

La experiencia con el de delegado federal Huerta debe servir para de una buena vez y por todas, prohibir a cualquier elemento de seguridad grabar o fotografías a un ciudadano o grupo de ciudadanos si no tienen el permiso de un juez.

La permisividad en este sentido es muy peligrosa. Nos acerca miserablemente a ambientes de Estado policiaco al estilo de las dos patéticas administraciones previas.