Política

La cosa va en serio

agosto 17, 2019

La aprehensión e inicio de un largo proceso penal al que está sujeta la ex secretaria de Desarrollo Social y de la Sedatu, Rosario Robles, representa un parteaguas que no sólo se queda en la posibilidad de que otros ex funcionarios del peñanietismo, incluido el propio ex mandatario mexiquense, sean llamados a rendir cuentas y finalmente indiciados en la llamada Estafa Maestra, sino que sus efectos –en términos de un verdadero combate a la corrupción– se extiendan a los estados de la República en los que los órganos auditores estatales y federales arman expedientes que permitan llevar a la justicia a ex gobernadores, ex alcaldes y ex funcionarios que hayan abusado del cargo.

Lo anterior resulta una mala señal para muchos políticos del pasado reciente, incluyendo a los que ahora mismo se encuentran en funciones, que aún no creen que el gobierno federal morenista va en serio por atacar estructuralmente, sin atajos ni cortapisas políticas la corrupción, y desecharla en lo posible como uno de las principales causas de la gigantesca marginación, inseguridad y parálisis económica que tiene al país en una de sus peores crisis de la historia.

El daño social ocasionado por la Estafa Maestra sin dudas tendrá consecuencias a corto y mediano plazos, pues mucho de ese dinero se había destinado para paliar la miseria y la desnutrición crónica de millones de mexicanos que viven en el umbral de la pobreza extrema. Por ello resultan sospechosas las motivaciones del coro mediático de defensores de Robles Berlanga, en torno a la presunta ilegalidad en detención de la indefendible perredista-peñista.

Así pues, lo que acontece en el nivel nacional pronto pudiera tener un efecto espejo en Veracruz, donde ya un ex gobernador se halla tras las rejas. En efecto, el ambicioso Javier Duarte se halla encarcelado tras haber arruinado las finanzas públicas por medio de esquemas similares a los utilizados en la administración peñanietista, aunque pudiera hallarse pronto en libertad gracias a las ahora evidentes componendas y argucias legales que fraguó con la administración federal pasada y, sobre todo, a la también avariciosa y torpe intención del gobierno panista-perredista que en su atropellado deseo de venganza fincó las bases para que el cordobés acuda a argucias legaloides y vea reducida su condena.

El sucesor de Duarte, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, con amplia currícula y experiencia en temas relacionados con el desvío del dinero público, se encuentra en un incómodo brete, pues con tan sólo un caso –de los muchos que arrojarán próximas auditorías–, el de la fraudulenta instalación de las videocámaras de vigilancia que habrían costado más de mil millones de pesos sin que funcione ni el 30 por ciento de ellas, pudiera encontrarse en similar situación a la de Robles Berlanga.

Al igual que la ex funcionaria, a Yunes Linares se le acabó el paraguas protector que desde el gobierno federal lo cubría generosamente y le permitía toda clase de impunidad. Sus circunstancias particulares le conforman un escenario de altísimo riesgo en términos que sirvan para demostrar que la rendición de cuentas a la que han sido llamados los priístas, tengan en el panista el complemento ideal para demostrar que la cosa va en serio.