Política

¿Prioridad a favor de quién?

agosto 16, 2019

En opinión del titular del Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable de la Semarnat, el gobierno federal no puede emitir un veto a la minería en el país porque ésta es una actividad prioritaria.

La afirmación es imprecisa y subjetiva. En efecto, la minería es una actividad económica prioritaria para el país, pero cuando el modelo de explotación minera atenta contra los intereses de la República y, por extensión, de los mexicanos, aceptar las leyes que permiten y regulan la actividad en sentido contrario al interés nacional equivale a un acto de traición similar al hecho durante casi 40 años por el régimen anterior.

La ley minera vigente data de 1992 y pertenece a la batería de leyes derivadas de las reformas salinistas –llamadas estructurales– que cambiaron el sentido y espíritu de las leyes para fortalecer el achicamiento del Estado, en favor de la apropiación de las élites privadas y los intereses de empresas multinacionales. La ley de 1992 y las reformas que la siguieron enajenan por completo el interés nacional.

Es así como la minería depredadora a cielo abierto floreció a partir del fraude de 2006. Un fraude del que aún no alcanzamos a ver la profundidad de los daños que causó al país. La guerra interna, entre otras cosas. Hasta la última reforma publicada en 2014, esta ley hecha por traidores a la patria ha permitido la explosión obscena de explotaciones mineras de altísimo impacto, que han cambiado la geografía nacional y envenenado. Hasta hace dos años los gobiernos neoliberales habían concesionado el dominio de casi el 15 por ciento del territorio nacional a empresas extranjeras, canadienses en su mayoría. Empresas de fama mundial por sus métodos invasivos, depredadores y altamente venenosos. Desde el año 2000, el país es una gigantesca concesión en el que por lo menos se han desarrollado mil 327 exploraciones invasivas, muchas de las cuales son ya desarrollos mineros a cielo abierto por el venenoso método de lixiviación.

Entre la canadiense Goldcorp, concesionaria de un proyecto en Veracruz, Grupo Peñoles, propiedad de Alberto Bailleres, y Minería Frisco, de Carlos Slim, concentran la mitad del oro extraído en el país. En 70% de los casos estas empresas extraen el oro en minas a cielo abierto, pese a la depredación probada que implica ese método. Sucede que las autoridades del régimen pasado dieron un trato preferencial a las mineras. La Secretaría de Economía, que regula el sector, cerró los ojos ante los abusos denunciados por cientos de comunidades desde hace varios años, mientras el Servicio de Administración Tributaria cobró impuestos adicionales a sólo una de 10 empresas obligadas en 2015. Dicho de otro modo, estos tipos malbarataron al país pero se enriquecieron sobornados.

Por ejemplo, sólo en 2015 las empresas canadienses exportaron 14 mil 579 millones de dólares en minerales del subsuelo mexicano, mientras que las cuotas que pagan por las concesiones mineras son de 6.77 pesos por hectárea durante los primeros 10 años, y 148 pesos por hectárea, después de este lapso. ¿Qué le queda al país por "respetar" la actividad prioritaria a favor de empresas canadienses o cualquiera por el estilo? Tierras envenenadas. Igual que con el Grupo México, de Bailleres.

El gobierno federal no sólo puede, debe actuar, revisar y modificar los arreglos vigentes por el simple hecho de que lastiman severamente el interés público.