Política

Calidad de gobiernos

agosto 14, 2019

El presidente López Obrador recién hizo un ejercicio valuatorio sobre la seguridad pública. Hay un déficit superior a 102 mil policías en el país. Casi 30 por ciento menos de los que debería haber. Es el resultado de la interesada estupidez que durante doce años fue hecha política pública. La sustitución de la policía por el Ejército no sólo devino en los horrores que padecemos, sino en la degradación de la mayoría de los cuerpos policiacos en el país. Para algunos suspicaces, el solo dato daría motivos para dudar seriamente de la sinceridad e intenciones de los dos gobiernos federales anteriores.

Pero el caso veracruzano es singular; sucede que, en términos de seguridad pública, es el que está en las peores condiciones. Un faltante promedio de 30 por ciento de efectivos en el país es claramente grave.

A Veracruz le faltan 67 de cada cien policías necesarios para ofrecer una presencia protectora aceptable, por lo menos en términos numéricos. Eso sin considerar la parte de la calidad y capacitación de tales elementos, que es igualmente importante.

Tal déficit no se explica por el mero abandono o por la combinación del abandono con el miedo o la corruptibilidad de uno u otro policía. En las condiciones en las que está el país desde 2007, un estado cuyo(s) gobierno(s) permite(n) tal degradación a este nivel de sus cuerpos de seguridad pública, necesariamente obedece a que existe interés en que así pase. Dicho en breve, es deliberado. A menos que los gobernantes recientes padezcan estulticia crónica, que no parece ser el caso.

Tales personajes tienen cosas por aclarar. No importa si están encarcelados, si ya han sido excarcelados o si nunca han sido encarcelados. Deben explicar por qué permitieron que algo así pasara.

No es posible exagerar la importancia de saber de boca de los que lo hicieron, los perpetradores, sus explicaciones y justificaciones. Ya habrán de revisarse los procesos de toma de decisiones; por lo pronto, hay motivos robustos para pensar en complicidades criminales. Lo que no deja espacio para dudar es que los gobernados les tienen sin el menor cuidado y que de tal situación hay responsables con nombre y apellido en y a todo lo largo de la cadena de mando gubernamental.