Política

Por salud

agosto 08, 2019

El desmantelamiento de las estructuras y los hábitos de la corrupción neoliberal ha tenido costos importantes para los gobiernos estatal y federal. La funcionalidad del sistema corría sobre los caminos asfaltados de la corrupción. Al cambiar las reglas del juego y suspender los facilitadores para lograr las cosas es normal que el sistema tenga dificultades para funcionar adecuadamente. O por lo menos aceptablemente.

Eso fue el escándalo de las guarderías y los refugios para mujeres; los problemas iniciales para la distribución y abasto de combustibles; el asesinato de Samir Flores, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, en la víspera de una consulta sobre la construcción de la planta termoeléctrica en Huexca, Morelos, a la cual se oponía el activista, razón por la cual el EZLN señaló al gobierno de haber cometido un crimen de Estado; los nombramientos de funcionarios al parecer no suficientemente calificados en Conacyt; el cisma por la suspensión del NAIM; La llamada Ley Taibo, para que el escritor Paco Ignacio Taibo asumiera la titularidad del FCE pese a haber nacido en España; la cancelación de la convocatoria para otorgar recursos a organizaciones dedicadas a la detección y tratamiento del VIH, por mencionar algunos.

Si se toma distancia de los hechos, es casi natural que haya tales asincronías. La operatividad de la maquinaria de los gobiernos recientes se basaba en el lubricante de la corrupción. Si éste se corta, no es extraño que los resortes salten y la maquinaria haga ruidos extraños antes de colapsar. Al empezar a asentarse un poco el polvo, puede pensarse que es normal que suceda. Cuando toda la información de los hechos sea sistematizada para el análisis y después para la historia, se hablará de los costos de la transformación, de sus pagadores y de la distribución de esos costos.

Por ejemplo, se tocó las guarderías porque había la evidencia de que manipulaba la matrícula para inflar los presupuestos y apropiarse de lo adicional. Pero la corrupción estaba en Sedesol, no en la red de guarderías subrogadas.

Lo que es inaceptable es que en el estado que es delfín de la 4T, el secretario de salud, informe o acepte que hace más de dos semanas no se atiende a pacientes que requieren hemodiálisis. No hay justificación administrativa posible de argumentar frente al imperativo de limpiar la sangre por medios artificiales porque sus riñones no funcionan. Es eso o morir. Casi puede asegurarse que para quienes es imperativa una hemodiálisis les tienen absolutamente sin cuidado los problemas administrativos. Puede haberlos, pero no son argumento que sirva para atemperar la insuficiencia renal. Tampoco para ampliar la paciencia.