Democracia electoral bajo asedio (Primera parte)
agosto 07, 2019 | José Raúl Ferrer Rivera

No exagera Lorenzo Córdoba, Presidente Consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), cuando afirma que, el electoral, es el menor de los problemas de México. Hoy los temas relativos a la inseguridad y al rezago económico son realmente graves y ocupan las mayores preocupaciones de la sociedad, en comparación con la cosa electoral y los relevos en los cargos públicos que, salvo excepciones, transcurren en los tiempos constitucionales previstos, de acuerdo al marco legal, sin sobresaltos, tanto en el orden federal, como en la mayoría de los estados de la República.

Hoy esa diferente escala de los grandes problemas nacionales, es radicalmente distinta a lo que ocurría en la primera década del XXI, cuando los procesos electorales eran la principal fuente de conflicto, se judicializaran y terminaran por resolverse en la mesa del Tribunal Electoral (Colima, 2003; Veracruz, 2004; o la elección presidencial, 2006, son casos representativos de la turbulencia política de aquellos años).

Al respecto, la organización argentina Polilat y la Fundación alemana Konrad Adenauer, en el reporte sobre el Índice de Desarrollo Democrático México 2018 (IDD-Mex 2018), afirman que:

"La tranquilidad con la que se llevaron a cabo las elecciones presidenciales, el alto índice de participación ciudadana en la emisión del voto (así como en la logística necesaria para su realización y el conteo posterior), la claridad de los resultados, el puntual reconocimiento de la derrota por parte de los otros candidatos, la alternancia lograda y las diversas muestras de civismo por parte de la sociedad civil, han demostrado el crecimiento democrático de México". Y añade:

"La confianza ciudadana que en general se percibe hacia las autoridades electorales y la relativa transparencia con la que se manejaron las elecciones, presentan una coyuntura sin precedentes que hace apenas 20 años atrás era impensable y que hoy debemos reconocer y celebrar".

No obstante, resulta que en la Cámara de Diputados durante los meses pasados se realizaron foros de debate en torno a una propuesta de reforma electoral por parte de Morena, en los que organizadores y diputados de partidos afines, lejos de reconocer o celebrar el avance democrático, sostienen que "el sistema electoral está en crisis" (Jaime Cárdenas), "el Consejo General del INE debe desaparecer y nunca debió existir" (Pablo Gómez); o bien, que "Andrés Manuel ganó gracias, no al fraudulento sistema electoral, sino a una rebelión popular, que votó para imponer otro régimen político en México" (John Ackermann), por citar algunas entre muchas otras perlas.

Por fortuna, esos despropósitos no han sido secundados por la inmensa mayoría de los participantes a los foros: diputados de oposición, consejeros y funcionarios de órganos electorales federales y de consejos públicos locales electorales, magistrados, académicos y especialistas en el tema electoral.

Luis Rubio, en su investigación más reciente –"Fuera máscaras", editada por el Woodrow Wilson International Center- así explica lo ocurrido antes, durante y después de 2018: "La sucesión de reformas políticas profesionalizó la administración electoral y llevó a partidos de la oposición a gobernar cada vez más estados, además de lograr una amplia presencia en el poder legislativo. Las organizaciones no gubernamentales encontraron un espacio fértil para proponer soluciones alternativas a problemas ancestrales, evidenciar abusos en materia de derechos humanos, forzar al gobierno, a todos niveles, a responder ante la ciudadanía por el uso de los recursos públicos, la falta de soluciones o la desigualdad en el acceso a los beneficios del desarrollo. En suma, el entorno político nacional se fue transformando, creando condiciones que, en retrospectiva, fueron cruciales para el resultado electoral de 2018…

"Lo paradójico es que fuera el voto lo que decidiera tan trascendente asunto pues, por años, el ahora gran beneficiario de ese voto se dedicó a desacreditar a las instituciones públicas, esas que le confirieron un triunfo incontestable, en particular el Instituto Electoral y el Tribunal respectivo. Quizá la paradoja lo sea menos, toda vez que, muchos meses después de la elección, quien resultó ganador todavía no reconoce la legitimidad de las instancias electorales que hicieron posible su victoria…hoy elegimos gobernantes, votamos y los votos se cuentan,… algo que, por cierto, muchos en la coalición de Morena todavía no reconocen…".

El IDD-Mex 2018 acredita e identifica dónde y cómo se ha dado el avance democrático electoral del país. Se integra a partir de la medición de cuatro dimensiones distintas: Democracia de los ciudadanos – se refiere al respeto de las libertades civiles y los derechos políticos de los ciudadanos e incluye al sistema electoral que regula y encauza la participación; Democracia de las Instituciones – o sea, calidad institucional y eficiencia del Sistema Político, a partir del desempeño del aparato de gobierno; Democracia Social – es decir, el poder efectivo para gobernar, generando mejores condiciones de desarrollo social y humano; y finalmente, Democracia Económica -relativa al poder efectivo para gobernar, mediante mejores condiciones de desarrollo económico.

De esas cuatro dimensiones, el país avanzó, primordialmente, en la "Democracia de los Ciudadanos", que alcanzó el valor más alto desde que iniciara su medición.

En las dimensiones, relativas a la legalidad y la economía, por el contrario, el retroceso fue muy acentuado. En palabras de Lorenzo Córdoba "llama la atención que la Dimensión II, que refleja la eficacia de las instituciones, el apego a la ley y la rendición de cuentas, en el resultado agregado haya caído de manera significativa (12%)".

Aunque también en "Democracia Social" se registró un ligero avance, en realidad fue la Democracia de los Ciudadanos la que jaló a todo el IDD hacia arriba, lo que en buena medida acredita lo dicho por Córdoba que se cita al inicio. Hay que subrayar, además, que el desempeño de las instituciones que evalúa la Dimensión II, no es el de las electorales, sino las de gobierno.

Por ello mismo, hoy, a la luz de la posición del partido gobernante, se antoja irreal -si no es que ingenuo- aquello que afirman los autores del IDD Mex 2018, en el sentido de que "el triunfo de López Obrador y el posterior comportamiento de los políticos han generado sentimientos de confianza y tranquilidad para el nuevo gobierno"; pues, contra toda lógica de gobernabilidad democrática, resulta ahora que es el propio partido gobernante, desde la Presidencia y en el Congreso, el que torpedea y tiene bajo asedio al Sistema Nacional Electoral.

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