Política

A seis años del homicidio de Noé Vázquez, persiste la impunidad

agosto 03, 2019

Reclama Lavida justicia y que frenen megaproyectos que dañan el ambiente

Al cumplirse 6 años del asesinato del activista y defensor ambiental, Noé Vázquez Ortiz, en Amatlán de los Reyes, quien se oponía a la hidroeléctrica El Naranjal y al saqueo de recursos naturales en el estado de Veracruz, ante los graves daños que ello provoca, no se ha avanzado en las investigaciones y su crimen sigue en la impunidad.

Noé se ha integrado a la lista de defensores del medio ambiente que han sido asesinados en el país e integrantes de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida), reiteraron su reclamo de justicia y alto a los megaproyectos como hidroeléctricas, minas a cielo abierto y el fracking, que ponen en riesgo el equilibrio ecológico y la vida de las comunidades.

Ante ello el ambientalista integrante de Lavida, Guillermo Rodríguez Curiel, lamentó que los defensores de la ecología sean hostigados por realizar una lucha permanente y pacífica que defiende la ecología y la vida como patrimonio natural de las futuras generaciones.

En el estado de Veracruz hay megaproyectos mineros a cielo abierto, hidroeléctricos, energéticos, entre otros, que son, en realidad "proyectos de muerte" y está demostrado que este tipo de planificaciones causan daños irreversibles dijo Rodríguez Curiel.

Alcalde de Las Vigas rechaza tala clandestina

El presidente municipal de Las Vigas de Ramírez, Alejandro Lino Cruz Romero, negó que haya tala clandestina en la reserva ecológica de San Juan del Monte, que a principios del año sufrió un incendio que afectó más de 500 hectáreas.

Dijo que los trabajos de reforestación y poda que se hacen están avalados por la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) y que parte de los trabajos implican el derribo de árboles dañados por el incendio para su venta.

"Que yo tenga conocimiento no (hay tala indiscriminada), están haciendo un trabajo para revisar y marcar los árboles que ya no recuperan la vida y se dan cuenta a través de sus ramificaciones, si es verde lo dejan y todo aquel árbol con ramas secas se está tirando".

El alcalde detalló que los recursos que se obtengan por la venta de esta madera serán administrados por la Sedema y por las organizaciones de ejidatarios de la zona, por lo cual el ayuntamiento no tiene inherencia en el tema.

"A nosotros no nos llega el recurso, no ha habido, están sacando el árbol muerto y el gobierno, a través de Conafor, está llevando arbolitos para su siembra".

No obstante, dijo que el plan es que los recursos se utilicen en las labores de remediación de esta reserva, pues recordó que los trabajos deberán continuar por lo menos durante un año.

"Va avanzando con las diferentes instituciones y los ejidos afectados, están sacando el arbolado muerto para poder meter el renuevo pero es a largo plazo, un aproximado de un año tal vez".

Piden devolver oficinas de la CAEV

Debido a que el jefe de la oficina operadora de la Comisión de Aguas del Estado de Veracruz (CAEV), en Río Blanco, Karim Hernández Torres, promoviera un cuadernillo administrativo ante la Fiscalía Regional de Justicia con sede en Orizaba, las ocho personas que mantienen tomadas las instalaciones de esta oficina, fueron citados para recibir un apercibimiento y entreguen el inmueble.

Los rioblanquenses fueron citados a través de las autoridades del Juzgado de Control de Proceso y Juicio Oral del Décimo Quinto Distrito Judicial del Poder Judicial del Estado de Veracruz, a través del oficio 24/2019, quienes recibieron el apercibimiento o advertencia, para que entreguen a la brevedad el inmueble.

Esto luego de que desde hace dos meses mantienen tomadas las oficinas en exigencia de la municipalización del servicio del agua potable, derivado de los excesivos costos.

Cabe señalar que los citados arribaron a la Unidad Integral ubicada en la colonia Rincón Grande, de Orizaba, poco después de las 13:00 horas con amparo federal en mano, el cual no fue necesario ya que a la fecha nadie los ha denunciado, sino que sólo los están apercibiendo o advirtiendo para qué entreguen el inmueble, ya que ha trascendido que si en un lapso de tres meses no han retirado su plantón, serán desalojados por la fuerza pública.