Política

Deshilar, enhebrar

julio 20, 2019

Sin prisas pero sin pausas, la vapuleada y maltrecha maquinaria de justicia del Estado empieza a moverse, a desperezar las articulaciones y enfilar hacia el reestablecimiento de las leyes para echar luz y pedir cuentas a los tres gobiernos anteriores sobre el saqueo sistematizado de los bienes y el dinero público durante tres décadas, los noventa, y lo que va del siglo XXI. Por lo pronto, fue capturado en Acapulco Sócrates Alfredo Herrera Pegueros, ex gerente de Seguridad Física de Pemex, implicado en una red de huachicoleo por ser segundo de a bordo del ex subdirector de Salvaguarda Estratégica, general Eduardo León Trauwitz. Fue llevado al Cefereso del Altiplano. Lo que de ahí decante conducirá directo a los tomadores de decisiones y las líneas de mando de todos los involucrados en el saqueo de Pemex. Tanto el huachicol de tierra como el de buques-tanque vendidos por fuera en los mercados spot del planeta.

Lo mismo debería suceder con las derivaciones del juicio y reclusión extrema de Joaquín Loera Guzmán, en torno a quien en 18 años se tejió una imbricada y fantástica trama de aventuras, leyendas, encarcelamientos radicales y escapatorias románticas; de quien el gobierno norteamericano supone una fortuna de más de mil millones de dólares. Pero, como afirma la periodista Anabel Herrera, ninguna autoridad, mexicana o estadounidense, ha incautado un solo peso a Guzmán Loera. El gobierno de Estados Unidos exigió al Chapo el pago de 12.6 mil millones de dólares en decomiso de bienes. Está por verse lo que pasará con el resto de su fortuna que –se sabe– no tenía en Estados Unidos ni en ninguna institución bancaria de origen estadounidense. Hay sobradas investigaciones periodísticas perfectamente documentadas para orientar y abreviar las investigaciones oficiales del Estado. Si esto es así, deberíamos los gobernados mexicanos estar en la antesala de acontecimientos muy importantes en materia de rendición de cuentas.

Por ejemplo, lo que a la fortuna de Guzmán Loera respecta. ¿Cómo explicarán los gobernantes y las prosopéyicas autoridades de las tres últimas décadas que no hayan incautado ni un peso ni bien medianamente significativo al ícono narcotraficante? ¿Tienen acaso alguna explicación medianamente plausible?

El ex general detenido en Acapulco, responsable de la seguridad de las instalaciones y ductos de Pemex, es justo quien el general León Trauwitz –ex jefe de escoltas de Peña cuando éste estuvo en campaña–, después de licenciarse Peña puso a cargo de la seguridad de la infraestructura de Pemex. Toda la información de las investigaciones periodísticas sobre corrupción de las élites gobernantes de los últimos años, llevan a los más altos niveles de gobierno y aportan elementos suficientes para que las autoridades retomen y ahonden las investigaciones.

Si en 18 años tres gobiernos mexicanos consecutivos no incautaron ni un solo bien o cuenta significativa al narcotraficante, no pude obedecer más que tales gobiernos –junto con no pocos funcionarios subordinados superiores y medios– eran parte del entramado, la urdimbre de corrupción. Tejido que es la base del pacto de impunidad. Dicho de otro modo, durante 18 años el Estado Mexicano fue un narcoestado. El juicio de Joaquín Guzmán y los apresamientos de Sócrates Alfredo Herrera, en Acapulco, y del conspicuo abogado Juan Collado, deberán llevar a hacia la correcta dimensión del daño luego de tres décadas de traición sistematizada a la patria. Luego de eso, llamar a cuentas y recuperar el dinero de los gobernados mexicanos.