Política

FALANGES: Sobre el Estado y el gobierno: la ilegitimidad política

julio 17, 2019

lmaury_cruz@hotmail.com

En el siglo XVI Francisco Suarez señaló que si el gobierno es usurpador, corrupto o tirano el pueblo tiene derecho a rebelarse. Así, la soberanía es popular. Si el gobierno actúa en concordancia con ésta, es legítimo. Más aun, la estabilidad fáctica del Estado depende de la legitimidad de origen, de procedimiento y de finalidad del gobierno, entendido en términos del ejecutivo, legislativo y judicial. Si falta alguna de éstas, es un Estado democrático formal en el mejor de los casos, o es flagrantemente un gobierno corrupto por usurpación, latrocinio y/o ineptitud.

En los regímenes democráticos de derecho la legitimidad de origen la da la transparencia, la legalidad y la civilidad del proceso de elección de candidatos y el proceso electoral para elegir funcionarios públicos; de respetarse esto, la soberanía es popular, es el cimiento de la gobernabilidad. El proceso electoral de 2018 derivo en un ejecutivo federal y estatal (Veracruz) con legitimidad de origen con cimiento en la soberanía popular.

Es sabido por todos que con frecuencia se venden y compran candidaturas en los partidos políticos, siempre hay dinero ilegal en las campañas, los topes de financiamiento se rebasan, evidentemente esto seguirá pasando, así la opacidad, la impunidad continúa; los puestos dependen de alianzas y de la decisión del candidato ganador, no del electorado, ¿esto es contrario a la soberanía popular? Con o sin financiamiento público habrá recurso privado. Entonces no tiene sentido que haya recurso público para partidos y campañas, tenemos partidos ricos con pueblo pobre. ¿Usted prefiere dinero público para propaganda de políticos o para infraestructura y programas sociales, para revertir condiciones de pobreza de casi la mitad de la población del país? De hecho si las campañas fueran financiadas por particulares serían más cortas, pues la lógica es: invertir menos y ganar más. Un dato histórico extraño: a Hitler la gente pagó por verlo y en México le pagan por ir a mítines políticos.

Los detractores de esta idea dicen que habría dinero de la delincuencia organizada, seria un medio para delitos fiscales, sin embargo, el financiamiento público no garantiza la legalidad, ni la transparencia, ¿usted cree que los partidos están de acuerdo con esta idea?.... yo tampoco.

La legitimidad de procedimientos radica en que el diseño, la ejecución del gasto público remita a las necesidades estructurales y garantice la materialización de los derechos humanos: seguridad pública, seguridad social, impartición de justicia, actualización normativa pro-persona y condiciones para el desarrollo de derechos económicos y políticos de todos los connacionales, esto mediante la participación social y la consulta ciudadana condensada en instrumentos de política pública en términos de ingresos y egresos públicos de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes, y en el marco de competencia respectiva en los órganos autónomos. Aunado a lo señalado, es menester la rendición de cuentas y la fiscalización ciudadana del gasto público. ¿Usted cree que se hace esto?... yo tampoco. Es decir, no se respeta la soberanía popular en el proceder gubernamental, por ello no hay legitimidad de procedimiento.

No en pocas ocasiones los servidores electos con legitimidad de origen, con frecuencia traicionan al electorado, como ocurrió con el Congreso de Baja California Norte que flagrante e ilegalmente amplió la gubernatura de dos a cinco años que encabezará Jaime Bonilla, cuando fue elegido por dos años, esto contraviene el imperativo de la IV Transformación: no traicionar al pueblo. Cabe preguntar ¿en Palacio Nacional no se sabía esto o están dormidos?, ¿es un medio para generar precedente para la reelección presidencial o ampliación de mandato?, ¿o usted es ingenuo?...

Lo mismo ocurre con la ingobernabilidad e impericia política en el gobierno veracruzano, manifiestos en falta de pagos en la SEV, graves problemas de inseguridad, falta de transparencia gubernamental, conflictos de interés y nepotismo, omisión para efectuar el procedimiento de cubrir vacantes de magistraturas, un presidente magistrado sin carrera judicial que intenta reelegirse, legisladores ineptos o comprados para destituir al fiscal Jorge Winckler quien tiene señalamientos por violación de derechos humanos. Evidentemente Veracruz atraviesa por una crisis de legitimidad procedimiento y coloca cada vez más en descredito rumbo al proceso electoral de 2021, ¿usted votaría nuevamente por Cuitláhuac García Jiménez?, ¿por sus actuales diputados locales y federales?, ¿votaría por alguno de los secretarios actuales para diputado?, ¿cree en la IV transformación?

La legitimidad de finalidad radica en que los objetivos públicos sean garantistas de la progresividad de los derechos humanos y que se cumplan. El problema no está con frecuencia en los objetivos, sino en su incumplimiento.

Queda claro que la legitimidad es una condición del gobierno, que se presenta en el origen, el procedimiento y en la finalidad del funcionariado público, no sólo en el elegido vía votación. El problema de México y Veracruz está fundamentalmente en el proceder gubernamental, si bien la corrupción, nepotismo, conflicto de interés, impunidad, falta de transparencia y rendición de cuentas, ahora tenemos un problema mayor: más flagrante ineptitud política y administrativa que en los gobiernos anteriores. No se trata de regresar a lo anterior, el reto es tener una política y administración pública honesta, transparente, eficiente, legal y frugal, en suma legítima de origen, procedimiento y finalidad. ¿Usted cree que esto lo entiende los titulares de los poderes públicos de Veracruz o que les interesa?, ¿Qué podemos hacer frente a ineptos y corruptos?, ¿acaso no estamos frente a un fraude político?, ¿acaso hay que ir a la desobediencia civil?, ¿cuál sería su primer paso?..