Política

El panorama

julio 09, 2019

Después de los impensados acontecimientos con la Policía Federal, e independientemente de la posibilidad de que en efecto existiesen acciones concertadas para ralentizar y estorbar los cambios, es claro que la decisión política y político administrativa de desaparecer la Policía Federal y crear un esquema completamente distinto de aproximación y entendimiento de la seguridad pública está tomada. Las protestas y críticas deben servir para aprender que las prisas suelen tener consecuencias y éstas pueden ser costosas.

Lo que no hay duda es que la Policía Federal desaparece y el proceso para hacerlo y el seguimiento de sus efectos y consecuencias son asuntos públicamente ventilados y discutidos. Cosa que es de celebrarse, pero el proceso de reconfiguración institucional echado a andar del gobierno federal debe ser especialmente cuidadoso al desmontar a la Policía Federal, toda vez que sus elementos podrían ser reclutados por organizaciones criminales, como ya ha ocurrido.

Desde la guerra estulta de Felipe Calderón, se tiene una desmovilización y una rebelión de los policías federales que no quieren pasar a un nuevo régimen militar, donde sí es importante el peso y la estatura.

Es verdad que es un asunto laboral y también lo es que las demandas son legítimas, pero no cuentan con la aprobación ciudadana; por otra parte, los policías no parecen tener un representante claro y el tema ya se ha politizado.

En el fondo del reclamo laboral de los policías federales hay una muy honda discrepancia entre civiles y militares, esto no es algo nuevo, pero la dimensión que adquiere en el país es profunda.

El caos de las operaciones contra el narcotráfico habidas durante todos estos años obedece a una casi absoluta falta de coordinación y confianza entre civiles y militares. El gobierno debe ser muy cuidadoso al extinguir a la Policía Federal; durante el sexenio de Peña Nieto tenía acceso a información que podrían ser mal utilizada. Cuando en México se han desintegrado otros cuerpos policiacos, siempre algunos de sus miembros terminan en el crimen organizado.

De la bitácora de actividades reportadas por la institución, una auditoría demostró que la PF no pudo acreditar el uso de la información recabada en el combate a los índices delincuenciales.

La Fiscalía General de la República obtuvo las órdenes de aprehensión solicitadas en el caso Odebrecht contra Emilio Lozoya, Marielle Eckes –esposa de Lozoya–; Gilda Austin –madre del ex director de Pemex–; Gilda Lozoya –hermana de Emilio–; y Nelly Aguilera –empresaria de bienes raíces residente en Ixtapa.

Mientras esto sucede, la SCJN deberá decidir sobre el amparo que otorgó en 2018 para que no se investigara a EPN por el caso de los grandes desvíos de dinero para financiar campañas políticas del PRI.

La decisión es crucial.