Política

Austeridad y costo de la democracia electoral

julio 08, 2019

Desaparecer a los 32 Órganos Públicos Locales Electorales (Oples) y que el Instituto Nacional Electoral (INE) se haga cargo, por sí solo, de los procesos electorales federales, estatales, municipales y, eventualmente, submunicipales e internos de los partidos, inclusive, ha sido el tema central en las deliberaciones y ponencias de las mesas del Foro para la Reforma del Estado y Electoral, llevado a cabo en las últimas semanas en la Cámara de Diputados.

Plasmada en una iniciativa de reforma constitucional, la propuesta del Diputado Carlos Gutiérrez Luna, contra lo que pudiera pensarse, no tiene como propósito perfeccionar al sistema electoral o fortalecer el régimen democrático, sino apoyar los planes federales de austeridad. En su opinión, la centralización en el INE de todos los procesos ahorraría al país recursos por más de 9 mil millones de pesos anuales.

Como ha sido ampliamente documentado, además de que esa cantidad es exagerada, pues en más del 50% no es gasto de los Oples, sino que corresponde a las prerrogativas de los partidos políticos, el hecho es que, aún bajo un esquema de centralización extrema como el que propone, el gasto que hoy hacen los órganos locales, incluyendo aquellos en años no electorales, mañana tendría que hacerlo el INE. Se trataría simplemente del traslado de responsabilidades de una entidad a otra, sin reducir el gasto en alguno de sus renglones, operativo o corriente.

La propuesta y los pronunciamientos en su favor que han presentado sus compañeros de banca, sostienen que los Oples "son entidades inútiles", "están bajo el control de los Ejecutivos Estatales y de los partidos en el poder", "están ociosos en los períodos en los que no hay proceso electoral". La ironía es que, lejos de abaratar los costos de las elecciones, lo más probable es que tal descalificación –con reforma o sin ella– devenga aún más en el encarecimiento del voto.

Cualquiera con un poco de memoria acerca de la forma como se ha construido el sistema electoral en México, sabe que cada proceso realizado desde 1977 ha sido más costoso que el anterior, no sólo por el crecimiento natural del padrón, sino por las capas y candados de seguridad que sucesivamente se fueron añadiendo, ex ante, tanto para arrebatarle al partido en el poder –federal o estatal– el control de las elecciones y evitar que meta las manos; como para responder a la impugnación que, legítimamente o por táctica electoral, acostumbran interponer las oposiciones.

Hasta antes de la pasada elección de 2018, la historia electoral en México se caracterizó, casi sin excepción, por la sistemática no aceptación de las derrotas por parte de uno u otro de los perdedores y la descalificación de las resoluciones de árbitros y jueces.

Así, como en el mito de Sísifo, en cada caso se debió empezar prácticamente de cero, sin importar cuánto se haya hecho –en acuerdos, reformas y canalización de fondos públicos– para dar certidumbre y validez al voto.

La novedad es que, a diferencia de lo ocurrido en el pasado, hoy es Morena, como partido en el poder, el promotor aún no formal de la reforma y, como en los viejos tiempos, es también el que impugna y desacredita a las instituciones.

Aun así, lo que suceda después, no tendría por qué ser distinto a lo que ya hemos visto en el pasado: sea que Morena imponga la reforma o que las oposiciones le cierren el paso, lo que desde ahora se está viendo es que, al desacreditar e, incluso, al deslegitimar a las instituciones, inevitablemente se abonará la desconfianza ciudadana, que es el detonador del gasto electoral: primero, porque aleja al votante de las urnas, lo que eleva el costo relativo del voto (lo que ya ocurrió en los cinco procesos en 2019); y, después, porque obligará a reconstituir el crédito del aparato electoral, con todo el gasto que inevitablemente traerá asociado (Puebla es el mejor ejemplo).

Si en verdad lo que se quiere es reducir el gasto electoral estratosférico, el acuerdo fundamental de las fuerzas políticas y el compromiso de la mayoría debería ser apostarle a la normalidad democrática, como la vía por antonomasia para bajar el costo relativo del voto en México.

Para constatarlo, basta con asomarse a los datos de la Red de Conocimiento Electoral ACE Project:

"En países con experiencia democrática multipartidista –dice en su más reciente reporte1 –, las elecciones son consistentemente menos costosas que aquellas de países en donde estas elecciones constituyen una nueva empresa". Y añade:

"Bajos costos electorales, aproximadamente 1 a 3 dólares por elector, tienden a manifestarse en países con una larga experiencia electoral: los Estados Unidos y la mayoría de los países de Europa Occidental; Chile ($1.2), Costa Rica ($1.8) y Brasil ($2.3) en América Latina; Benin ($1.6), Botswana ($2.7), Ghana ($0.7), y Senegal ($1.2) en África; India ($1) y Pakistán ($0.5) en Asia; y Australia ($3.2).

La experiencia democrática en esos países ha implicado afianzar, a largo plazo, el respeto y apego de los actores políticos a las reglas y límites institucionales del juego electoral, como el ingrediente esencial que alimenta de manera continua la confianza ciudadana.

Eso es lo que ocurrió en aquellos Estados –p.e. España o Chile– que supieron encauzar sus respectivas transiciones, desde regímenes profundamente autoritarios y excluyentes, hasta la construcción y normalización de sus sistemas de elección democrática. La clave en esos casos, ha sido la madurez a toda prueba de las fuerzas políticas contendientes y su habilidad para moderar las disputas internas, que se antojaban irreconciliables y restar incentivos a todo extremismo.

El caso del conflicto poselectoral en Estados Unidos en el año 2000 es también un magnífico ejemplo de civilidad política: a pesar de la sospecha fundada de que el fraude en Florida, decidió el triunfo de George Bush, bastó el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia (en una votación dividida de cinco votos contra cuatro) para que cesara el recuento de votos, casilla por casilla, y, con ello, cesaran también las protestas de los demócratas: Sin más trámite, habiéndose pronunciado la Corte, Al Gore reconoció el triunfo de su contrincante.

Por el contrario, "en países con menos experiencia en este renglón –se lee en el reporte de ACE Project–, los costos tienden a ser más elevados, aún tomando en consideración las elecciones que han tenido lugar como parte de operaciones para el mantenimiento de la paz, en donde el costo por elector es el más elevado: México ($5.9), El Salvador ($4.1) y Paraguay ($3.7) se pueden mencionar en América Latina; Lesotho ($6.9), Liberia ($6.1) y Uganda ($3.7) en África; y Rusia ($7.5) en Europa del Este. En consecuencia, la duración de la práctica es en sí misma un mecanismo de reducción de costos, quizás el más importante durante la etapa de consolidación democrática" .2

Lo que encarece las elecciones entonces, habría que insistir, es el desapego de actores fundamentales a las reglas del juego, el desconocimiento sistemático de los resultados, por parte de aquellos a los que no los favorecen y el descrédito y deslegitimación de la autoridad electoral, administrativa y jurisdiccional. (Otra vez Puebla, es el mejor ejemplo en la historia reciente).

Lo dicho por John Ackerman en el Foro, en el sentido de que Morena ganó, no gracias al sistema electoral, sino porque se trató de una "rebelión popular" que impuso el cambio de régimen, es la expresión extrema del jugador desleal, que más ha encarecido al juego democrático.

Por eso, quizá como nunca, habría que recordar aquellas preguntas que hiciera Douglass North, sin duda el mayor estudioso de la institucionalidad política:

"¿Importan las instituciones? ¿Importan las… regulaciones y reglas? ¿Es que los gobiernos significan una diferencia cuando cruzamos la frontera entre los Estados Unidos y México? ¿Qué hace que los mercados trabajen o no trabajen, funcionen o no funcionen? ¿Es que la honestidad en el intercambio significa una diferencia; vale la pena?"

Para él, "las instituciones son las reglas del juego en una sociedad o, más formalmente, son las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana. El cambio institucional conforma el modo en que las sociedades evolucionan a lo largo del tiempo, por lo cual es clave para entender el cambio histórico"3.

* El autor es asesor del Consejero Presidente del OPLE Veracruz. Sus opiniones no necesariamente coinciden con las del Organismo.