Política

Conflictos de interés

julio 03, 2019

El sistema democrático requiere que los funcionarios públicos justifiquen públicamente sus acciones y sus decisiones, y ofrezcan también públicamente las razones que sostienen tales decisiones. El proceso de ofrecer razones o justificar las decisiones se vincula con la idea de equidad en el ejercicio de la función pública.

Los conflictos de interés en el sector público se relacionan de botepronto con la idea de la ética pública o de integridad, como un problema de corrupción y existen marcos legales e institucionales que regulan los conflictos de interés privado como parte de las políticas de "ética pública" o de integridad.

Por otro lado, se vincula con el concepto corrupción. Hay quienes consideran que los conflictos de interés son la antesala de la corrupción y deben ser tratados como asunto penal. Varios sistemas jurídicos han creado figuras penales para sancionar situaciones que en general se engloban bajo concepto de incompatibilidad.

Es el caso que padecen los gobernados veracruzanos. Un gobierno demostradamente corrupto se ocupa –aprovechando un vacío en la ley que reguló el tránsito de procuradurías de justicia a fiscalías generales– de dejar sembrado en el gobierno siguiente a un fiscal general que por definición es incompatible. Incompatibilidad que obedece a varias razones; la más importante es que el fiscal tiene una agenda política y de grupo distinta a la del Gobierno del Estado. Asunto determinante para más de un aspecto de la gobernabilidad del estado. El sólo hecho de mantener vigente la percepción del conflicto es ganancia para el grupo político y el tejido de intereses que ungió al abogado personal de una familia cuya cabeza fue gobernador del estado.

El fiscal Winckler tiene en el puesto dos años del gobierno de Miguel Ángel Yunes más los siete meses del gobierno actual. Ayer, como respuesta a la crítica hecha por el gobernador en el sentido de que no libera las órdenes de aprehensión necesarias y por consiguiente encubre a criminales, Winckler responde con la estulta falacia de que se le quiere remover porque estorba a los acuerdos entre éste gobierno y el ex gobernador Javier Duarte. Quienes hicieron los acuerdos para dar prisión en algodones a Duarte fue Yunes y el gobierno de Peña Nieto, porque el pantagruélico desfalco cometido contra el estado veracruzano obedeció al financiamiento corrupto con base en multimillonarias desviaciones presupuestales al PRI para sus campañas políticas. Mismo caso que el otro Duarte, el de Chihuahua, que sigue.

Prolongar la incompatibilidad entre el gobierno veracruzano y el fiscal tiene el mismo propósito que la retahíla de amparos y acciones diversas que han emprendido factótums del viejo régimen y se explica por las pérdidas millonarias de la ordeña a la que sometían a la nación. No poca cosa.

El asunto, por llamarlo de algún modo, no tiene más propósitos que el boicot, el monitoreo de posibles acciones en contra del gobierno anterior y la facilitación de la inestabilidad política por inseguridad pública. Calidad de clase política que en la salvaguarda de sus intereses le tiene sin cuidado pasar los costos de su estercolero a los gobernados.