¿Desaparición de los Oples? El tema de fondo: la soberanía de los estados
julio 01, 2019 | José Raúl Ferrer Rivera

¿Requieren los estados de la República elecciones ordenadas, pacíficas y apegadas a la Ley? ¿Es necesario que renueven periódicamente sus Poderes políticos? ¿Requieren de gobernadores, legalmente elegidos y legítimos de origen? ¿Requieren de Congresos plurales, en los que la sociedad se sienta y sepa legítimamente representada? ¿Requieren de Constitución y leyes estatales? ¿Requieren de órganos judiciales impartidores de la justicia local?

¿Requieren de fórmulas y mecanismos propios, confiables, para la renovación de poderes, que administren y garanticen procesos de elección, sujetos a reglas de juego parejas y verificables y, en todo caso, que garanticen cauces institucionales y soluciones justas a los conflictos?

Parecerían todas preguntas ociosas y de respuestas obvias: sí, por supuesto, diría o debería responder cualquier niño mexicano, en un examen elemental, para demostrar que conoce cómo debe estar organizado el país y el estado en el que vive.

No obstante, no son tan evidentes, ni simples las respuestas si uno revisa las argumentaciones y propuestas de toda índole, que han sido presentadas en relación a los procesos estatales y al costo de los mismos, en diversas mesas del Foro para la Reforma del Estado y Electoral organizado por la Cámara de Diputados.

Más aún, en realidad esas preguntas encierran un tema que, en lo fundamental, ha estado ausente o débilmente considerado en las deliberaciones: la soberanía de los Estados, que debiendo ser el punto de partida y límite a cualquier resolución que se adopte, se ha dejado de lado como si careciera de importancia o, simplemente, se tratara de una condición prescindible.

De las iniciativas presentadas por diputados de Morena –que son los organizadores del Foro– hay una que merece un análisis especial, porque está siendo presentada y defendida, no por su poder democratizador o para perfeccionar los procesos electorales, sino como la gran solución para abaratar el costo de las elecciones, la del diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna.

En esa iniciativa, que dio pie a la realización del Foro, el diputado Gutiérrez, luego de prender las luces de alarma en torno a los costos estratosféricos de las elecciones en las 32 entidades federativas (más de 9 mil millones de pesos en 2019), encontró la solución salomónica:

Desaparecer a los Organismos Públicos Locales Electorales y, en su reemplazo, que el Instituto Nacional Electoral se haga cargo de todos los procesos electorales estatales. Según sus cuentas, asume que eso necesariamente sería más barato y benéfico para la Nación, ávida de austeridad.

Más allá de la certeza o de lo errado de sus cálculos, lo preocupante es que, al limitarse a los asuntos contables, consciente o inconscientemente, no sólo propone una medida profundamente anticonstitucional, sino que, con ella, está apuntando a matar nada menos que al corazón mismo del Federalismo Mexicano.

No se trataría –como se ha dicho– sólo de la violación a lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Política Federal, que da existencia al INE y a los Oples, porque en el terreno de la simpleza con la que trata el asunto bastaría una contrareforma constitucional, que borre lo hecho en 2014. Es fácil suponer que piense que su único problema será conseguir los votos suficientes para alcanzar la mayoría calificada. En esa lógica contable, no tienen cabida las disquisiciones acerca de los riesgos de retroceso que correrían la democracia o la vida soberana de los Estados.

El asunto, no obstante, es mucho más grave: la propuesta en sí misma es un galimatías, que entraña una de dos posibilidades igualmente absurdas: o las elecciones locales serán realizadas por un órgano federal, sustentado únicamente en la legislación federal; o bien, un órgano federal, deberá someterse a las Constituciones y leyes locales, para hacer el trabajo de los Oples.

Eso, tratándose de las autoridades administrativas, porque también implica desaparecer a los Tribunales Electorales Locales, que perderían su razón de ser y, en ese caso, toda la impartición de justicia en la materia quedaría en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Cualquier camino que parezca más factible al diputado, borraría o desnaturalizaría de un plumazo la soberanía de los Estados. Inclusive, hasta podría solicitar la desaparición de los propios Congresos locales, pues a sus ojos han de resultar sumamente costosos y, gracias a la multiplicación de leyes generales del Congreso de la Unión, sin duda también prescindibles.

¿Por qué? Porque, en sentido estricto, lo que propone es que los Congresos locales abdiquen de sus atribuciones y abroguen todo lo legislado en materia electoral, hasta lo previsto en las Constituciones estatales; y que el gobierno federal se haga cargo de la elección de las autoridades locales: gobernador, Congreso, presidentes municipales; incluyendo que, en primera instancia, sea la justicia federal la que se ocupe de la salida judicial de los conflictos; y, además, que sea la Cámara de Diputados la que nombre a los nuevos presuntos consejeros locales del INE.

De principio, desde luego, la propuesta implica borrar las disposiciones relativas del artículo 41, adoptadas en 2014 y toda la legislación reglamentaria federal y estatal relativa. Pero esas serían apenas algunas medidas legislativas necesarias para llevar la iniciativa a la práctica.

El asunto de fondo, no obstante, que es de suponerse, ni siquiera imaginan los defensores de la reforma, asumiendo que actúan de buena fe, es que, de llevarla a cabo, trastocaría todo el arreglo constitucional de la República, porque cuando no cancela, subvierte y viola partes fundamentales de los artículos constitucionales que sustentan al Pacto Federal:

Art. 40, en lo que hace al régimen interior de Estados libres y soberanos que consagra;

Art. 115, respecto a la autonomía municipal y la elección de sus autoridades;

Art. 116, en relación a la división y organización de poderes de los Estados, y a la formación de los mismos, conforme a sus propias constituciones locales;

Art. 119, al hacer pasar de la protección a las entidades federativas, a su virtual apropiación, por parte de los Poderes de la Unión;

Art. 122, en cuanto a la autonomía y al régimen interno de la Ciudad de México; y

Art. 124, al pretender confiscar una de las atribuciones exclusivas y vitales reservadas a los Estados: el poder soberano para formar su gobierno interno.

Se entiende que el diputado Gutiérrez ignore los alcances lesivos de su propuesta. Lo que cuesta trabajo comprender es que entre los respaldos que ha recibido, además de los integrantes y aliados de su partido, hayan sumado su voz de apoyo, entre otros, José Roberto Ruiz Saldaña, consejero del INE; Juan Manuel Vázquez Barajas, consejero del OPLE Veracruz; y Jaime Cárdenas, exconsejero del IFE, quien además goza de fama como buen constitucionalista.

Por lo menos ellos tres, con experiencia como autoridad electoral, sí saben que la naturaleza jurídica de los Oples es la de órganos estatales autónomos constitucionales, no por la reforma del 2014, sino por el Constituyente estatal, que tradujo en normas constitucionales locales la obligación de contar con reglas y árbitros, que den certidumbre a la renovación de poderes.

También que, con la reforma del 2014 y a sabiendas de que un modelo como el construido en el ámbito federal, a nivel local estaba condenado al fracaso, el Constituyente federal tomó la que hasta hoy parece ser la medida más acertada: depositar la rectoría normativa electoral en el INE, para poner a salvo, sin suplantar, a los órganos locales de la irrefrenable tentación de los Ejecutivos Estatales de entrometerse en las elecciones, directamente o a través de los Congresos.

Así, el Constituyente federal dio forma e hizo realidad la condición de autonomía en los órganos estatales prevista en las Constituciones locales, mediante esa complicada, ciertamente costosa, pero sin duda muy eficaz ecuación híbrida organizativa.

La experiencia de 2015 a la fecha ha demostrado la pertinencia de esa decisión: gracias a que los Oples han podido hacer su trabajo como genuinos órganos estatales autónomos, los casos de atracción por parte del INE han sido la excepción.

Por el contrario, en la mayoría de los estados de la República, las elecciones transcurren ordenadamente, en paz y sin conflictos electorales significativos, aún en aquellos casos, como Veracruz, donde el resultado de las contiendas ha dado lugar de manera sucesiva a la alternancia de partidos al frente del Ejecutivo; a congresos y ayuntamientos plurales, con paridad de género en su composición; y a gobiernos plenamente legitimados de origen.

Si el propósito superior de la reforma del 2014 y de todas las reformas que le precedieron fue que los Ejecutivos estatales sacaran las manos de la elección; y ese es ya un fin cumplido, es inadmisible ahora pretender que sea el gobierno federal el que se entrometa.

Cabría esperar entonces que toda nueva reforma electoral que se emprenda deba ser para perfeccionar aún más los procesos, haciéndolos menos costosos si se quiere; pero, sobre todo, para consolidar ese gran logro alcanzado por la democracia en México y jamás para destruirlo.

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