Política

Inducción

junio 25, 2019

Este espacio editorial ya ha sugerido la probabilidad de que la explosión de violencia habida en el estado desde el cambio de gobierno sea inducida por intereses políticos y contrarios al gobierno que, por extensión, son también contrarios a los gobernados.

Es una hipótesis verosímil que explicaría, además, el particular cuidado del gobierno federal en ayudar a procesar los estragos forenses dejados por los dos gobiernos anteriores.

La pesadilla continuada de los buscadores de desaparecidos, la acumulación obscena de inhumaciones clandestinas y sus hallazgos, la paralización por saturación de prácticamente toda la actividad forense hacen una crisis bivalente: la forense y la de Derechos Humanos. Dos aspectos concretos de la dimensión de las incompetencias y corrupción recientes.

La explosión de los secuestros es completamente atípica. Pasa lo mismo con la violencia. Que en cinco meses se haya secuestrado a la misma cantidad de personas que en todo 2018 no sugiere un problema de incompetencias sino uno de inducción interesada.

Por factores diversos el gobierno estatal tiene una capacidad muy limitada para lidiar con la herencia, las condiciones del funcionamiento institucional y el virtual estado de quiebra financiera lo explican.

El soporte forense anunciado ayer por el subsecretario de Derechos Humanos del gobierno federal, Alejandro Encinas, alivianará en algo los rezagos y dará certidumbre de continuidad en las investigaciones al crear cementerios forenses.

La visita programada a los empresarios del centro por parte del secretario de Seguridad Pública federal, Alfonso Durazo Montaño, refuerza la idea del empeño federal en su compromiso con el estado para acelerar el regreso a la serenidad que ofrece la seguridad pública cuando es funcional.