Política

Editorial

junio 20, 2019

En esta misma semana este espacio editorial ha abordado un par de veces lo que parece ser una acción concertada en contra de los propósitos del gobierno encabezado por el presidente López Obrador. Se ha dicho también que en el vicioso aumento de las actividades criminales en el estado también puede sospecharse de una acción concertada.

La reacción tiene los medios suficientes para hacerlo porque tiene operadores con los vasos comunicantes con las organizaciones criminales, si es que no se sientan en la misma mesa.

Ayer se difundió un video de un evento ocurrido el martes pasado: el momento donde asaltantes uniformados de negro atracaban un tractocamión a la luz del día y a unos cientos de metros de una caseta de cobro de peaje. El video ilustra también los vehículos conducidos por quienes atestiguaban dando vuelta en sentido contrario sobre la autopista para evitar un cruce con los delincuentes que habían instalado un falso retén. Ayer, elementos federales tomaron Sayula y Texistepec sustituyendo a las fuerzas municipales que habían sido convocadas a presentar el examen de control de confianza, al tiempo que la delincuencia amenazó a los integrantes del colectivo de búsqueda de personas en la zona de Córdoba-Orizaba. De esto hace más de un mes y ha implicado la suspensión de las labores de búsqueda. Acusan los buscadores el diferendo entre el gobierno y la FGE que impide la mínima colaboración, lo cual es cierto.

Pasa el tiempo y las evidencias de la disfunción institucional se hacen patentes. El fiscal fue colocado ahí en un evidente aprovechamiento de una ventana en la ley que permitió a un personaje del antiguo régimen dejar un alfil en territorio enemigo para su aprovechamiento político. El tiempo no favorece a los gobernados ni al gobierno. Con base en las denuncias de la sociedad, gobierno y sociedad veracruzana deben presentar un caso sólido que permita remover a Winckler y terminar con la infame simulación de un Fiscalía con pretensiones de autonomía, pero determinada es su desempeño por intereses ajenos al interés publico.