Política

Agua, derecho humano no objeto de mercado

junio 08, 2019

Unos meses antes de que concluyera su gestión presidencial, Enrique Peña Nieto dejó firmados 10 decretos para la reserva del agua, un tema que trajo de manera alarmante a la discusión ciudadana el asunto de la privatización del agua con todos sus significados y potenciales consecuencias para la sociedad. Como se sabe, este tipo de medidas por lo general afectan primordialmente a los grupos más vulnerables de la población en términos de su escaso poder adquisitivo y marginación social, rango poblacional donde se ubican las comunidades originarias.

Con esa decisión presidencial quedó eliminada la veda que existía en las áreas del Grijalva-Usumacinta, Papaloapan, la costa de Jalisco, Ameca, el Pánuco, la Costa Grande de Guerrero, San Fernando y Soto La Marina y Lerma-Santiago. Dicho de otro modo, alrededor de la mitad de las 756 cuencas hidrológicas cartografiadas en el país perdieron el estatus de veda y se convirtieron en zonas de reserva y aunque como candidato, Andrés Manuel López Obrador ofreció cancelar tales decretos, lo cierto es que persiste la amenaza del capitalismo depredador sobre el invaluable recurso natural.

En un enredo discursivo en el que subyace la posibilidad de que el gobierno o las autoridades municipales autoricen aprovechamientos del líquido para la industria extractiva minera o petrolera y gasera vía fracking; tal posibilidad significaría un gravísimo perjuicio a la estabilidad social pues según los decretos peñistas, en esas áreas se pueden utilizar para fines lucrativos, ya sea privatizando directamente el manejo del agua mediante organismos operadores empresariales municipales o entregando concesiones de agua para las distintas empresas extractivas del país.

Eso sin contar con la posibilidad de que las cuencas queden vulnerables frente a grandes corporaciones refresqueras y cerveceras –como ya sucede en la cuenca de Coatepec donde la trasnacional Nestlé aprovecha enormes cantidades del líquido sin aparentemente tener ninguna restricción– o para actividades de minería y fracking que, como se dijo, son las que más han contribuido a destruir los ecosistemas y el territorio de los pueblos indígenas.

Es en ese contexto que se inscribe la determinación de la Profeco de presentar en breve una acción colectiva ante el Poder Judicial contra el Grupo MAS debido a la mala calidad del agua y otras quejas que existen en la distribución del servicio en la conurbación del puerto de Veracruz.

Se recordará que en el gobierno duartista se concesionó el servicio de distribución y administración a un consorcio extranjero y pese a las advertencias hechas en su momento de que catalogar el consumo del agua como un producto mercantil y no como un derecho humano, a la larga los resultados están a la vista y deberían tener inclusive consecuencias legales para los empresarios que incumplieron con los compromisos adquiridos. Ojalá esta lamentable experiencia sirva de algo para evitar escenarios como el que viven los porteños.