Política

La infamia continuada

junio 05, 2019

El sistema institucional mexicano es disfuncional de origen. Tanto que incluso los intentos de perfeccionamiento institucional pueden resultar un fiasco. Es el caso del rediseño veracruzano para separar a la fiscalía del ejecutivo sin que la Fiscalía esté necesaria y operativamente sujeta a los requerimientos y agenda judiciales, lo que la final del día ha permitido que la fiscalía sea la ocupación política de intereses probadamente contrarios al interés público.

El auditor general del estado encuentra registros contables simulados por una carretada de miles de millones de pesos y el responsable tiene la tranquilidad de permanecer impoluto porque la Fiscalía General del Estado (FGE) obstruirá su persecución y aprehensión.

Lo que hoy pasa en el estado con la obstrucción sistemática de los derechos humanos por la incompetente ineficacia interesada del fiscal es dramático. Veracruz es un cementerio vergonzante de miles de kilómetros cuadrados que acumula la maledicencia continuada de dos personajes impresentables, Bravo Contreras y Jorge Winckler.

En justificada desesperación, las madres de los miles de desaparecidos veracruzanos convocan a instancias internacionales para que atestigüen la deliberada y continuada violación de los derechos humanos por escamotear la más elemental justicia. Incluso frente a los representantes de un gobierno abiertamente hostil a los mexicanos, el estadounidense. Habrá que ampliar el espectro de la denuncia y de los testigos de calidad, entre ellos las madres argentinas víctimas de la barbarie militarizada de los setenta.

Los personeros del régimen anterior acumulan motivos para ser procesados por la violación sistemática de los derechos humanos. Por el ocultamiento deliberado de la información y por la "pérdida de expedientes", mientras el respetable debe tragar gordo porque la agenda del fiscal es privada y definida por el boicot.