Política

Irresponsabilidad criminal

mayo 24, 2019

La excarcelación de prácticamente todos los duartistas aprehendidos durante el gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares reveló no sólo la debilidad institucional de las instancias encargadas de la procuración de justicia, sino que evidenció el uso faccioso de la ley que hizo el fiscal, Jorge Winckler, quien para cumplir con la encomienda del gobernante en turno, expidió órdenes de detención sin el sustento legal consolidado.

Es decir, lo prioritario para el gobierno panista fue aprovechar el efecto mediático y darle cauce a una masiva demanda social que exigía castigo para los responsables del saqueo, el abuso de poder y el agudizamiento de la crítica condición de inseguridad que ahora mismo padece la entidad.

Aunque no han sido absueltos en su mayoría, los ex funcionarios enfrentan sus respectivos procesos en libertad y ya sólo queda en prisión Javier Duarte; parece inminente que todos consigan su libertad incondicional debido a las fallas procesales y las violaciones a derechos humanos que ha documentado la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

La mayoría de los ex funcionarios fueron acusados de desviación de recursos y afectación al patrimonio público; todo ese grupo mayoritario ha salido de prisión incluyendo al ex fiscal Luis Ángel Bravo y al ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, con todo y que ambos fueron señalados por colectivos de familiares de desaparecidos como responsables directos de muchos casos en los que el aparato estatal se vio comprometido en desapariciones y ejecuciones. De hecho, expertos en el tema advierten que aún se siguen cometiendo irregularidades, lo que podría favorecer su pronta exoneración.

De hecho, ese uso político que el gobierno yunista hizo de la prisión preventiva como medida cautelar ha venido favoreciendo a cada caso en particular; esta medida es el último instrumento en el nuevo sistema de justicia penal. Además que la Fiscalía y su estrategia justicierista mediática se quedó en eso, pues ha trascendido que no han aportado nuevas pruebas a las carpetas de investigación, por lo que quedó en claro que con todo y que hubiera sido posible adjuntar nuevas evidencias a los expedientes, la oficina que tutela Jorge Winckler no ha hecho nada en absoluto.

Por ello es de lamentarse que justo cuando el estado de Veracruz pasa por una ola de violencia y de altísima actividad criminal, la Fiscalía siga estando bajo el control de un grupo político que sólo tenía en mente mantenerse en el poder, descuidando todos los demás aspectos y acrecentando la inseguridad y la impunidad.