Política

CETERIS PARIBUS. La mano invisible de AMLO en el mercado de combustibles

mayo 22, 2019

Más allá de las filias y fobias que podamos tener al Presidente de la República sobre la forma sui generis en que aborda los temas públicos y gubernamentales en las ya conocidas "conferencias mañaneras", lo cierto es que éstas pueden mejorar el funcionamiento de ciertos mercados, en particular el de los combustibles, llegando con ello a empoderar al consumidor. Lo explico.

Tomar una decisión requiere información completa y fidedigna. Dejando de lado la capacidad cognoscitiva para procesarla, la falta de información completa o, en el peor caso, la ausencia o falsedad de la información, puede dar lugar a una mala decisión.

Los problemas de información son especialmente importantes en mercados en donde la posibilidad de verificar la calidad del producto es difícil y/o costosa. Este es el caso del mercado de combustibles, en donde confiamos en que un ente externo lo haga por nosotros: la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO). Desde luego que es posible que una persona vaya con una báscula a pesar los tanques de gas o verificar con un recipiente si lo que pide realmente es lo que le dan. Pero hay que ser realistas: muy poca gente lo realiza porque es poco práctico.

En un mercado así, en donde la verificación de la calidad del producto es costosa o se duda -y por buenas razones- de la reputación del vendedor, se crea lo que técnicamente se denomina el problema de la selección adversa, situación en la cual el vendedor tiene ventajas informativas sobre el consumidor.

En este sentido, las acciones de verificación al azar que viene implementando la PROFECO, y la difusión de resultados en las conferencias mañaneras coadyuva a generar un clima de certidumbre entre los consumidores, pues se incrementa la posibilidad de que los operadores deshonestos y abusivos en los precios sean exhibidos en medios nacionales y sancionados e, incluso, frena la tentación a que éstos se coludan (acuerdo tácito entre operadores en el mercado para subir los precios y no competir).

Con ello se demuestra que no es necesario que el gobierno intervenga directamente prescribiendo o proscribiendo lo que los operadores en el sector pueden o no pueden hacer; basta con un tipo de regulación "suave" que consiste en la verificación periódica, al azar y una política de difusión de sus resultados para crear un marco de incentivos que evite el abuso en los precios, que se coludan o simplemente que intenten estafar al consumidor.

En este sentido, las acciones de verificación y la difusión de esta información contribuye, en cierto modo, a disciplinar los precios en el mercado de combustibles, reduciendo la brecha informativa entre vendedores y compradores sobre precios y calidades del producto en favor de este último.

Bien valdría la pena que como consumidores asumamos un rol más activo, informándose y demandando a la autoridad competente mayor eficiencia y eficacia en sus verificaciones. Si bien la PROFECO cuenta con la aplicación móvil "quién es quién en las gasolinas", aún falta crear una para el gas L.P.

Sin duda hay retos que el gobierno federal deberá enfrentar para seguir mejorando el funcionamiento del mercado de combustibles, empezando por aclarar cómo es que se instrumenta la selección de gasolineras al azar, pues el registro público de gasolineras en el país está desactualizado y es poco confiable.

De la misma forma, valdría la pena reforzar la división especializada de combustibles en la PROFECO, y aumentar el número de verificadores, ya que a todas luces resulta insuficiente para la extensión tan grande del país. Del mismo modo, no es tan claro cómo va a impactar la reestructuración administrativa de la PROFECO. Un dato: de las 52 delegaciones de PROFECO en el país, se van a quedar 38 delegaciones, es decir, la capacidad de la PROFECO para llevar a cabo estas acciones se verá mermada. En Veracruz, solo quedaría la del puerto de Veracruz. Sin duda, la austeridad tiene sus puntos buenos, pero también hay que analizar su impacto sobre el bienestar de los ciudadanos.

En suma, las verificaciones periódicas y al azar, los mecanismos de sanción/clausura de proveedores fraudulentos, así como la difusión en los medios nacionales de la información de quién es quién en los precios son acciones que protegen el bienestar del consumidor, alientan la competencia entre los operadores en el mercado y empoderan al consumidor. No obstante hay pendientes y retos para mejorar la eficiencia y eficacia de la regulación en este sector.

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