Política

Aumenta la violencia con el Ejército en las calles

mayo 18, 2019

Las mujeres son el sector más vulnerable en cuanto a inseguridad: Estela Casados

Poner al Ejército en las calles, sobre todo de aquellos estados de la República que tienen alerta de género, debe ser parte de una estrategia coordinada, bien planificada y no debe de ser "la estrategia", porque ya hemos visto que cuando apostamos que el Ejército sea la estrategia los resultados históricamente han sido funestos para la población civil y la mayor violencia recae contra las mujeres, consideró Estela Casados González, integrante del Observatorio Universitario de Violencia Contra las Mujeres.

Con la Guardia Nacional preocupa que escale la violencia contra las mujeres, porque ha quedado demostrado que con la milicia en las calles hay más agresiones, en ese sentido está quedándose muy atrás un nuevo planteamiento que nos permita entender, observar y que dé resultados, se requiere una estrategia coordinada, sostuvo Casados González.

La Integrante del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) dijo "no es lo más indicado como estrategia única al Ejército, porque la población en general sufre toda una serie de situaciones y es en el cuerpo de las mujeres en donde se deposita el mayor grado de violencia que se pueda ejercer, con más saña, lo vimos con Felipe Calderón y con Peña Nieto, en donde se vulneró y torturó a mujeres".

Al ser cuestionada sobre los indicadores de violencia en lo que va del año, comentó: "si observamos los datos oficiales únicamente, lo que nos va a dar cuenta es que en diferentes documentos siempre se indica que cuando hay un cambio de administración estatal y federal se disparan de manera alarmante los índices de violencia contra las mujeres, llámese, feminicidio, desapariciones".

"Aquí el punto es que hay repuntes históricos que no se habían dado con anterioridad, eso estamos observando, hay repuntes importantes a pesar de que se han anunciado estrategias, por lo menos a flor de discursos, hay referencias aunque sea vagas de atención, cosas que no habíamos encontrado en las administraciones anteriores, pero no son suficientes".

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en Veracruz hay 46 feminicidios y 49 homicidios, esos números la ubican en el primer lugar nacional en feminicidios por número, y por tasa en segundo lugar (por cada cien mil mujeres), puntualizó la doctora en Ciencias Sociales.

Y hasta el 30 de abril, el Observatorio Universitario de Violencia Contra las Mujeres, tiene registro de 79 asesinatos de mujeres, 49 que ha exhibido la prensa, que tendrían algunos aspectos de feminicidio, y 30 que podrían considerarse como homicidios.

Preocupa a la ONU mando militar en la Guardia Nacional

La creación de la Guardia Nacional, las violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos de las fuerzas armadas, la impunidad en que esos abusos se mantienen, la falta de diligencia en la investigación de los casos de desaparición forzada, el pronunciamiento con ambigüedad en favor del respeto de la prohibición absoluta de la tortura y los malos tratos, al igual de que México no haya adoptado todavía el Programa Nacional para prevenir y sancionar la tortura y los malos tratos, fueron la preo-cupación del Comité Contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (CAT, por sus siglas en inglés) en las recomendaciones que este viernes hicieron al Estado mexicano para prevenir, combatir y erradicar ese delito.

El CAT dio a conocer este viernes en Ginebra, Suiza, las recomendaciones dirigidas a México en materia de tortura, esto después de la evaluación a la que se sometió al país los días 25 y 26 de abril de este año, en el marco de su 66 periodo ordinario de sesiones.

En el informe de conclusiones, la instancia internacional, que se conforma por diez expertos independientes, expresó: "Conforme a las explicaciones ofrecidas por la dele-gación mexicana (que asistió a la evaluación en Ginebra hace unas semanas) sobre la participación de las fuerzas armadas en las operaciones de seguridad contra el crimen organizado, por el momento el Estado no considera posible relevar al Ejército de su labor actual en materia de seguridad".

"El Comité expresa su preocupación al respecto, así como por las informaciones que denuncian graves violaciones de derechos humanos, incluida la tortura, cometidas por militares en el marco de este tipo de operativos. El CAT toma nota también de la reciente creación de la Guardia Nacional, un nuevo cuerpo de seguridad de carácter civil que sustituirá a la Policía Federal, aunque observa con preocupación el reciente nombramiento de un militar en proceso de retiro como jefe operativo de esta institución".

El CAT instó al Estado mexicano a pronunciarse sin ambigüedades en favor del respeto de la prohibición absoluta de la tortura y los malos tratos, y denunciar públicamente a quien cometa actos de esta índole, sea cómplice en ellos o los tolere, y que concluya la elaboración y aprobación del Programa Nacional para prevenir y sancionar la tortura y los malos tratos, así como de las partidas presupuestarias correspondientes, garantizando la participación de las organizaciones de la sociedad civil especializadas en la documentación de casos de tortura y/o acompañamiento de víctimas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley General sobre Tortura.

El Comité lamentó que el Estado mexicano no haya dado respuesta a los informes que denuncian la falta de diligencia en la investigación de los casos de desaparición forzada y cuestionan la ineficacia de los mecanismos de identificación forense existentes.

Los expertos en derechos humanos también instaron a velar porque los casos de desaparición forzada sean investigados con prontitud, eficacia e imparcialidad, se enjuicie a los presuntos autores y se castigue como corresponda a los que sean declarados culpables, y porque se proporcione a todas las víctimas, incluidas todas las personas que hayan sufrido un perjuicio directo como consecuencia de las desaparición forzada, una reparación efectiva que incluya una indemnización adecuada. Al respecto, el Comité solicita que se presente la información requerida sobre la investigación de las desapariciones ocurridas en Tamaulipas en mayo de 2018.

Qué se garantice el funcionamiento eficaz del Sistema Nacional de Búsqueda, incluidos los registros y herramientas contempladas en la Ley General sobre desaparición de personas. Deberá también dotar a la Comisión Nacional de Búsqueda y a las comisiones locales de los recursos suficientes para su correcto funcionamiento; al igual atender de manera urgente el problema de los restos humanos no identificados, fortaleciendo la capacidad del Estado mediante la creación de instituciones dotadas con suficientes recursos, a fin de que los restos humanos encontrados sean devueltos a sus respectivos familiares.

Sobre la participación de las Fuerzas Armadas en las operaciones de seguridad contra el crimen organizado, por el momento el Estado no considera posible relevar al Ejército de su labor actual en materia de seguridad. El Comité expresa su preocupación al respecto, así como por las informaciones que denuncian graves violaciones de derechos humanos, incluida la tortura, cometidas por militares en el marco de este tipo de operativos.

El Comité toma nota también de la reciente creación de la Guardia Nacional, un nuevo cuerpo de seguridad de carácter civil que sustituirá a la Policía Federal, aunque observa con preocupación el reciente nombramiento de un militar en proceso de retiro como jefe operativo de esta institución. Por otra parte, es también motivo de preocupación la falta de claridad acerca de la normativa aplicable en cuanto al uso de la fuerza y en relación a la identificación de los miembros de las fuerzas de seguridad y sus vehículos.

También demandó hacer públicas las cifras de personas muertas, heridas y detenidas durante los operativos de seguridad; garantizar que las tareas de mantenimiento del orden público estén a cargo, en la mayor medida posible, de autoridades civiles y no militares. "Se deberá garantizar el mando civil de la Guardia Nacional, a fin de preservar su independencia".

Otras de las recomendaciones es que se adopte la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza –que es una de las leyes secundarias de la Guardia Nacional–, conforme al contenido de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de la ONU; y adoptar las medidas necesarias para garantizar la correcta identificación de los miembros de las fuerzas de seguridad en todo momento durante el ejercicio de sus funciones.