Política

Federación debe cumplir Estado pluricultural y consultas adecuadas a los indígenas: Cemda

mayo 14, 2019

Los megaproyectos del gobierno federal han prendido las alertas porque hasta el momento no se ha consultado a las comunidades indígenas y campesinas de manera previa, libre e informada, advierte Xavier Martínez Esponda, titular de la dirección técnica operativa del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

Por el contrario, las consultas públicas realizadas se han utilizado como instrumento político sin legitimidad ni sustento jurídico que garantice los derechos o consentimiento de los pueblos.

Proyectos como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, los gasoductos y el aeropuerto de Santa Lucía revelan que no hay respeto para los pueblos ni sus determinaciones.

"Me parece alarmante el tema consulta, no es lo mismo una consulta pública a la consulta previa libre e informada. Ésta, la segunda, es un derecho fundamental de los pueblos y la otra es un instrumento de participación, el peso es distinto", cuestiona el activista.

Va más allá, y señala que el ejercicio cotidiano del gobierno federal levanta dudas de cómo lo están haciendo, porque no existen garantías de quién y cómo se formulan las preguntas, quién cuenta los votos. "Hemos visto las experiencias internacionales donde se pregunta una cosa, y se trata de ser claro y objetivo para que sea una respuesta de si o no, por ejemplo en la consulta del Tren Maya se preguntaron hasta 10 cosas al mismo tiempo".

Señala que las consultas realizadas no puede ser vinculantes, porque se hacen a un público general y no al pueblo o territorio afectado, como marca el estándar internacional. "Se tendría que buscar el acuerdo y consenso de los pueblos, vemos con preocupación que en el caso del Tren Maya se dice que no se requiere consulta y eso es alarmante, porque desconocemos donde están los documentos que avalen esos dichos".

Cemda, la organización que ha defendido jurídicamente varias causas ambientales en el país, es clara en su postura, hasta el momento las consultas han sido sondeos no herramientas jurídicas que busquen incluir y garantizar el consentimiento de los pueblos y comunidades afectadas con estos proyectos.

Recordó que la Constitución del país consagra un estado pluricultural que da la garantía a los pueblos indígenas y comunidades campesinas equiparables, para que puedan ejercer su derecho a la diferencia y a proteger el patrimonio cultural del país.

"Si logramos cumplir esto, estaríamos apostando a esquemas más democráticos que responden a otras lógicas, los pueblos funcionan bajo otra toma de decisiones. Las áreas mejor conservadas y de mayor biodiversidad, y la mayor cantidad de agua está en los territorios indígenas, la única forma de que eso se conserve es posibilitar que ellos mantenga el control natural de sus recursos, si eso se altera se pierden el patrimonio biocultural".

Ejemplifica que la autonomía de los pueblos ya existe, 90% de los sistemas de agroalimentación tradicionales y las unidades de producción están en comunidades indígenas, más de 20 millones de mexicanos viven en sistema de agua autónomos que se organizan bajo la lógica comunitaria. Y también existen sistema de políticas de organización.

Xavier considera que el país está en un momento coyuntural para decidir si se tomará en serio la Constitución que garantiza el respeto a lo pueblos o se mantendrá un esquema de violencia estructural y simbólica, "que significa seguir viviendo en un paradigma de violación sistemática de derechos humanos de los pueblos indígenas y comunidades equiparables".

Advierte que el nuevo gobierno tiene una agenda sobre el Estado pluricultural que incluye medidas legislativas como lo son la propuesta de expedir una ley de desarrollo agrario y agua, a cambiar la ley agraria, las reformas a la ley minera, y una nueva ley de consulta.

Y aunque la agenda parece reinvidicadora de los derechos de las comunidades, se tienen serias dudas si se pueda cumplir. "No vemos la voluntad del gobierno federal de hacer cumplir la Constitución y los tratados constitucionales en la materia, me parece que el nuevo gobierno con la legitimidad estaba en la posibilidad única y especial, de consulta a los pueblos en el diseño de la política pública, pero no se les llamó nunca", dice.

Martínez Esponda asegura que aún es tiempo para que el gobierno federal tome en serio el concepto de Estado pluricultural y cambie el proceso de tomas de decisiones.