Política

De debilidades y responsabilidades

mayo 08, 2019

Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, soltó una afirmación que debe ser asumida con todas sus implicaciones por la sociedad: el Estado mexicano ha sido incapaz de proporcionar seguridad a los ciudadanos e investigaciones profesionales y técnicas en el caso de las desapariciones de personas.

Dicho de otro modo ni seguridad ni justicia.

La afirmación es devastadora para la mayoría de los gobiernos estatales en la República y para todos los gobiernos federales de las cuatro décadas anteriores. Va mucho más allá de la debilidad institucional crónica del Estado mexicano. Atañe también a la mayoría de los funcionarios encargados de procurar justicia.

Funcionarios que han sido incapaces de dar respuestas a la víctimas, especialmente en los casos de desaparición forzada, por lo que debería considerarse como sospechosos hasta que no se esclarezca si la ineficiencia es consubstancial a esos funcionarios o si fue deliberada, como claramente lo sugiere el comportamiento del ex procurador Murillo Karam en el caso de los 43 muchachos desaparecidos de Ayotzinapa.

El mismo día se da a conocer que se investiga la eventual existencia de una fosa clandestina dentro del penal de Coatzacoalcos. De ser el caso menudo problema que tendrán que aclarar los gobiernos de Miguel Ángel Yunes Linares y Javier Duarte de Ochoa, dependiendo del tiempo de existencia que tuviera la eventual fosa.

Mientras eso sucede la periodista y defensora de derechos humanos, Anaís Palacios Pérez, revela que el Gobierno del Estado, al iniciar su sexto mes de gobierno, aún no hace uso del dinero destinado a apoyar la labor de los colectivos de búsqueda de desaparecidos. El asunto no es menor porque, aunque la defensora de los derechos humanos reconoce que hay mayor coordinación con las autoridades, es clarísimo que el Gobierno del Estado debe respaldar la única iniciativa ciudadana que ha probado hasta la saciedad su gran capacidad de investigación y exhumación forenses.

Ayer, el respetable se entera por el secretario de Gobierno que se ha enderezado ante la Fiscalía General de la República una denuncia contra el fiscal Winckler por negligencia –el mejor de los casos– por diferir la publicación en la Plataforma México de más de 150 órdenes de aprehensión en contra de presumibles delincuentes, entre otras cosas, como el dejar en libertad a un detenido reincidente que luego fue muerto en un enfrentamiento con la policía.

En México, la debilidad institucional tiene dos fuentes, la histórico-sistémica, y la deliberadamente ejercida por los funcionarios que han dirigido las instituciones.