Política

División del trabajo

mayo 07, 2019

El gobierno del estado hizo público que en breve se arrendarán durante tres años una centena de patrullas para la SPP. El costo incluye seguro y mantenimiento. Dicho de otro modo, del total de vehículos policiacos de primer contacto que existen, fueron adquiridos en propiedad del estado 50; el resto dará servicio en el esquema de arrendamiento. Esto obedece sólo a una razón, el quebranto mayúsculo causado al estado por los tres gobiernos anteriores. El gobierno opera, literalmente, en condiciones de completa emergencia, porque para la cantidad y abigarramiento de crisis simultáneas que tiene el estado, se carece no sólo de recursos sino que el instrumental institucional para hacerle frente está desmadrado.

Al tiempo que los actuales gobernantes lidian con la astringencia, la deuda pública creció geométricamente. Esto se debe a que el financiamiento para inversión social se ha hecho no con recursos propios sino financiados, y al deterioro de la economía nacional respecto a las economías metropolitanas, claramente con Estados Unidos. Hay un tercer factor: la creación de deuda pública para el pago del servicio de la deuda pre existente.

La deuda pública bruta pasó de 2 mil 673 mil 571 millones de pesos en 2008, a 10.265.445 millones de pesos en el año 2018. 284 por ciento en apenas 11 años. Esto, junto con la sacralización de la regla fiscal, condujo a los decididores neoliberales a la profundización y aceleramiento de reformas de ajuste estructural, probadamente dañinas para todos aquellos que no pertenecieran al decil privilegiado.

El Ejecutivo federal ha decidido concentrarse en la solución de los problemas, no en la búsqueda y señalamiento de culpables. Es una decisión racional, tiene más consecuencias positivas corregir el desarreglo que perseguir a quienes lo fabricaron. Pero el Estado mexicano no es el Ejecutivo. Hay otras instancias que deben abocarse al asunto. La ASF, Hacienda, FGR y ambas cámaras del Congreso. Al tiempo.