Política

Relativismo

abril 10, 2019

Opina el diputado local, Vargas Barrientos de Morena, que es pronto para hacer valoraciones sobre el actual gobierno estatal. En efecto, en general, los medios de comunicación han sido críticos con el gobierno estatal, un poco la misma dinámica que sucede al gobierno federal, guardadas todas la proporciones. La diferencia estriba que el bono de tolerancia que la ciudadanía otorga a este último, no aplica ni remotamente igual en el nivel estatal. Además de que la proporción del peso de los críticos y adversarios locales es completamente distinta.

Tiene razón el diputado toda vez de que cualquier valoración que se haga en cualquier sentido respeto al gobierno local, es meramente circunstancial y derivada de la percepción particular que se tenga sobre él. Ese es el corazón del asunto, son percepciones y como tales son subjetivas y dependientes de la combinación entre la experiencia y las simpatías personales. Para una evaluación medianamente seria se precisan datos duros respecto a las principales variables en juego asociadas todas a las ofertas políticas de campaña. La local y la federal.

Hacer valoraciones sin el respaldo de datos duros metodológicamente comparables es más cercano a la propaganda política que a una evaluación medianamente aceptable de las políticas públicas.

Es verdad que la población no percibe mayores cambios. Se olvida con frecuencia que lo que está en marcha es un cambio de régimen, no meramente de gobierno. Esto implica reversar seriamente las consecuencias de las políticas instrumentadas las tres últimas décadas y asentar nuevas reglas del juego. Nuevas prioridades nacionales. La prioridad ahora son los gobernados, no los intereses privados por encima del interés público. Esto implica desde luego la introducción de nuevas reglas del juego en la relación al interés privado y el público.

Las últimas décadas han sido, literalmente, un asalto en descampado a la nación. Las tareas de estabilización del daño y su corrección llevan tiempo. Es peregrino suponer posibles cambios sustantivos por el mero hecho de haber llegado a poder. No es un asunto de voluntarismo sino de reconstrucción de instituciones.

Hay razones para el optimismo si nos atenemos a los primeros resultados de las decisiones anticorrupción hasta ahora hechas públicas. Pero también hay razones muy poderosas para la urgencia. No hay tiempo. No son pocas las empresas –fuentes de no pocos trabajos– que pasan serias dificultades de sobrevivencia por la astringencia impuesta por las dos últimas administraciones, paradigmas de la corrupción.