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abril 07, 2019

Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la presentación de su informe sobre la situación mexicana, la describe claramente como heredada de los catastróficos gobiernos anteriores, el panista de Felipe Calderón y su continuación de los colores patrios del priísmo neoliberal, hasta hace poco sólo aparentemente encabezado por Enrique Peña Nieto.

Luego describe los retos como concreción de las herencias perversas: impunidad, crisis continuada y generalizada de derechos humanos, y fallas en el sistema democrático.

Por su parte, la sociedad civil, representada en este caso por organizaciones defensoras de derechos humanos, advierte de posible autoritarismo gubernamental.

Ambas observaciones son prudentes pero parecen equivocar la esencia del diagnóstico; describen situaciones indeseadas, deficitarias o temores no necesariamente fundados sino propiciados por una particular percepción y sensibilidad.

Lo cierto es que mucho más allá de las listas de problemas que son evidentes, lo que gobernados y gobernantes enfrentan es la casi completa destrucción del encaje institucional que los gobiernos desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña Nieto dejaron en el país.

No es un problema gubernamental, es del Estado Mexicano. La reconstrucción institucional, la refundación de la República si se quiere, requiere no sólo de la crítica ciudadana sino de participación activa de la sociedad en la refundación del Estado.

Los gobiernos guían y escuchan, la ciudadanía opina y se compromete en tareas concretas. Reconstruir relaciones de confianza implica participación y espíritu colaborativo. No son tiempos ni de imposiciones ni de pruritos hipersensibles. Si hay algún desplante autoritario se documenta y se demuestra, y con base en eso se definen las bases del diálogo.

Aquí hay tareas concretas por hacer y relaciones de poder con la sociedad por definir. La calidad de tales dependerá de la madurez de gobernantes y gobernados.