Política

Denuncias por asignación irregular de plazas involucran a ex yunistas

abril 03, 2019

Dos de los más cercanos colaboradores del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, como lo fueron el ex secretario de Educación, Enrique Pérez, y la ex secretaria de Desarrollo Social, Indira Rosales San Román enfrentarían consecuencias penales, luego de que fueron presentadas denuncias por los casos de la autoasignación de plazas y el otorgamiento de contratos irregulares.

Lo mismo ocurriría con el ex director del Instituto de Espacios Educativos (IEE), Ignacio Barradas Soto donde se acusa que más de 700 obras quedaron inconclusas, lo que representaría un posible fraude de mil millones de pesos.

Este martes, la contralora general del estado, Leslie Garibo Puga acompañó a los actuales titulares de la SEV, Zenyazen Escobar Pérez; Sedesol, Guillermo Fernández; y del IEE, Ricardo García Guzmán a presentar tres denuncias y advirtió que en los próximos días podrían sumar otras cinco por irregularidades detectadas nuevamente en Educación, Desarrollo Social y otras áreas.

De esta forma por los posibles delitos de tráfico de influencias, incumplimiento de un deber legal, abuso de autoridad y daño patrimonial en contra de quienes resulten responsables, los titulares de dichas dependencias interpusieron denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

En el caso de la SEV, la denuncia se deriva del otorgamiento de las 77 plazas de nivel Medio Superior y Superior que funcionarios se autoasignaron indebidamente, entre ellos el ex secretario, Enrique Pérez Rodríguez; las cuales causaron un detrimento económico por la cantidad de 5 millones 547 mil 788 pesos 47 centavos. Esta cantidad emana de los retroactivos que se otorgaron en las plazas con las que se beneficiaron mientras cumplían por otra parte con función de jefatura de tiempo completo.

De igual manera, en el Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz (IEEV) se realizó el pago de más de mil millones de pesos de anticipo por alrededor de 500 obras inconclusas en el estado, entre mantenimiento, rehabilitación y construcción de aulas nuevas, la mayoría del programa Escuelas al Cien, del Fondo Inifed y Fonregión.

Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) acusó irregularidades en tres contratos que ascienden a 55 millones 806 mil 468 pesos por arrendamiento de 55 unidades vehiculares. Dichos contratos incurren en diversos delitos señalados en el Código Penal del Estado de Veracruz.

Sobre este caso, ya existe un informe por parte del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) en la Cuenta Pública 2017, donde se realizaron observaciones por no formular bitácoras de los vehículos arrendados.