Política

Envilecimiento y perversión

abril 01, 2019

Hace casi dos décadas que parte importante del territorio nacional ha sido invadido, ocupado y devastado por proyectos mineros, y los ríos ocupados por hidroeléctricas pertenecientes a corporativos internacionales asociados profundamente a prácticas corruptas. Desde Vicente Fox hasta Enrique Peña Nieto se les dio carta blanca a tales corporativos que previamente habían untado la mano desde el Presidente de la República hasta los funcionarios municipales donde se ubicaban esos proyectos. Si han sido más o menos contenidos ello obedece exclusivamente a la resistencia de los pobladores locales. La resistencia en defensa del territorio ha unido a todos los sectores sociales y políticos, desde las organizaciones indígenas y mestizas, campesinas y ambientalistas, hasta jóvenes, maestros, comerciantes y productores medianos y pequeños, que ven en peligro sus formas de vida y sus culturas, amenazadas por proyectos de empresas trasnacionales.

Los pueblos han tenido una respuesta sorprendente y han logrado contener no pocas amenazas. Los habitantes se han unido y organizado para dar la lucha en defensa de su territorio, sus formas de vida y su identidad cultural en varias zonas del país. Más del 13 por ciento del territorio nacional ha sido concesionado a alguna empresa minera extranjera. De 293 empresas mineras extranjeras que operan en México, 46 son de capital norteamericano y mantienen en conjunto 382 proyectos de explotación y exploración de diversos minerales en todo el territorio. Gracias a las reformas a la Ley Minera de 1992, esta actividad fue prácticamente ilimitada a la inversión extranjera, cuando antes estaba reservada sólo a la inversión nacional. Se eliminó también el requisito de asociación con empresas de capital mexicano y se permitió que el usufructo del suelo fuera hasta por 50 años con la posibilidad de prorrogarse; se otorgaron concesiones sin costo, cero pagos por el usufructo del suelo y tasas de impuestos frente a la SHCP de sólo el 1 por ciento sobre la riqueza mineral extraída. Ridiculez sólo posible por las ingentes cantidades de dinero untadas en las manos de funcionarios y legisladores. Durante casi 20 años la extracción de oro, plata, cobre, zinc o maldita la cosa, le han significado nada al Estado y a los gobernados mexicanos. Si eso se suma al saqueo documentado habido en Pemex y CFE puede tenerse una noción aproximada de las gigantescas dimensiones del saqueo. Va mucho más allá de la mera corrupción ilimitada, es un asunto de traición al interés nacional y al pueblo gobernado: concesiones sin costo, cero pagos por el usufructo del suelo y tasas de impuestos ante SHCP de sólo el 1 por ciento sobre la riqueza mineral extraída. La dimensión absurda de la corrupción del régimen neoliberal puede dimensionarse con la celeridad ofrecida por los gobiernos del régimen anterior para la apertura de proyectos de inversión. En promedio tomaba entre cinco y seis meses abrir una mina. En Estados Unidos y Canadá, el trámite de apertura de una mina puede durar entre cinco y diez años. Algo equivalente ha pasado con la pléyade de proyectos hidroeléctricos que organizaciones de la sociedad civil denuncian han coptado a alcaldes como promotores de sus intereses y para presionar y gestionar frente a la resistencia de sociedad y pueblos locales.

Unos u otros proyectos sobreviven y continúan presionando por un modo de corrupción parecido a la traición a la patria, a un asunto de beneficio privado a costa del interés público. Las inversiones ya se han hecho y hay limitaciones legales por los tratados internacionales. Aun así, sociedad y gobierno deben buscar –y encontrar– el modo de desmontar el saqueo. Pronto.