Política

Adultos mayores deben tener trato especial en procesos penales: juez

marzo 07, 2019

Aun cuando existen leyes y acuerdos internacionales protectores para los adultos mayores cuando enfrentan un proceso penal como víctima, inculpada, imputada o sentenciada, el problema es que la población las desconoce y las autoridades no las aplican sostuvo el magistrado federal, Jorge Sebastián Martínez García, quien agregó que los juzgadores deben dar atención preferencial a este sector de la población.

Al dictar su ponencia "Impartición de justicia con perspectiva de género: caso del adulto mayor", el presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito explicó que cuando conocieron de la materia penal en su órgano jurisdiccional dijo que en los casos donde figuren, los adultos mayores deben tener consideraciones especiales por su edad avanzada como mayor celeridad en la realización de las diligencias.

Así como monitoreo constante de sus niveles de salud, física y mental, trato preferencial en los horarios para comparecer ante el juez, relacionar si su edad fue determinante para que cometiera el delito, el modo y lugar del internamiento de la prisión preventiva o su internamiento, fijar fianzas conforme sus ingresos y purgar condena de prisión en domicilios particulares, refirió el magistrado federal.

Entre los conceptos abordados, expuso el de la Organización Mundial de la Salud (OMS), "las personas de 60 a 74 años son consideradas de edad avanzada, de 75 a 90 años viejas o ancianas, y los que sobrepasan los 90 años, los denomina grandes, viejos o longevos; de igual manera, a todo individuo mayor de 60 años lo llama de forma indistinta persona de la tercera edad".

Asimismo apuntó que el artículo 2° de la Ley Número 863, denominada De los Derechos de Las Personas Adultas Mayores del Estado de Veracruz, señala que "Para efectos de esta Ley se entenderá por: (…) IX. Personas adultas mayores: las mujeres y los hombres que tengan 60 años de edad o más, que se encuentren domiciliadas o en tránsito por el Estado de Veracruz de Ignacio de la Lave (sic);".

A estas personas insistió que deben darse consideraciones especiales que implican, correlativamente, un derecho del adulto mayor y una obligación de las autoridades de investigación y judiciales que tienen que ver con la procuración y administración de justicia, y pueden ser de forma enunciativa las siguientes: Dar mayor celeridad en la realización de las diligencias que se ordenen en los procesos penales; Monitoreo constante de sus niveles de salud física y mental con auxilio de las autoridades correspondientes, trato preferencial en los horarios para comparecer ante el Juez de la causa; Analizar con detenimiento si su edad fue determinante para la comisión de los hechos que se le imputan; establecer el modo y lugar de internamiento tanto para la prisión preventiva como cuando cumple la pena corporal impuesta, tomando en consideración la edad de sesenta años o más; Fijar el monto de las fianzas o garantías de una manera proporcional a la medida en que se considere pueden obtener ingresos o ser sujetos de la obtención de un crédito.

En determinados supuestos, tener derecho a sufrir prisión preventiva o a purgar condena de prisión, en sus domicilios particulares; y, en caso de dictarse sentencia absolutoria, velar por su inmediata libertad, corroborando previamente sus condiciones alimentarias y de salud, así como que al salir no se le exponga a las inclemencias del tiempo o a la soledad de su retiro del centro de reclusión en horarios impropios para la facilidad del traslado