Política

Cinéfilas

marzo 07, 2019

Las declaraciones del delegado federal Manuel Huerta en torno a la necesidad de más yalitzas y menos guarderías fueron motivo de un borbotón de críticas y comentarios de todo tipo. Desde el sarcasmo lacónico de un meme, hasta las usualmente viciosas y arrebatadas racionalizaciones del desencanto.

Lo cierto es que hay una decisión del gobierno federal de suspender la ministración de recursos a las guarderías subrogadas que cubren el considerable déficit de tal servicio en el estado. Esto, por el considerable cúmulo de irregularidades en que tales servicios de guardería subrogados han cometido consistentemente con alegría versallesca. Temporalmente, se ministrará ayuda a las madres y padres de familia para que paguen la guardería que prefieran o, si así lo deciden, pagar a un familiar o un asistente de servicio doméstico. Eso paliará la crisis por el imperativo que los padres de familia tienen de trabajar y encontrar quién se haga cargo de los hijos menores mientras están en ello.

El Estado tiene la obligación legal y el gobierno el compromiso de dar un servicio confiable y de calidad, pero carece de la infraestructura y personal suficientes.

El asunto no es menor. Son justo esos años de la temprana infancia los que son determinantes en la formación social y de valores de los futuros adultos ciudadanos. Además de que su impacto es definitivo en el desarrollo de las habilidades cognitivas de los párvulos.

El esquema de formación parvularia doméstico puede ser espléndido, pero es irregular por el simple hecho de que todas las familias son distintas y de que, a menos de que sea una familia numerosa en críos, el infante en el hogar recibirá menos estimulación cognitiva y de valores que el formado en un ambiente socialmente abierto. Es lógico.

Luego, el delegado federal se equivoca en el sentido de su defensa de la decisión del gobierno federal. No se trata de sustituir la formación social y de valores comunitaria de una escuela con la formación privada aportada por un familiar o un asistente doméstico. Es lo contrario. Se trata de no dejar solos a los beneficiarios de un servicio que debe ser garantizado por el Estado, pero que ha sido desmantelado por la toxicidad conceptual y administrativa de varias administraciones definidas por sus generosos y cómodos criterios para tratar con la corrupción.