Política

Editorial

marzo 06, 2019

En junio de 2017, pocos días después de las elecciones que culminaron en el fallido inicio de un maximato familiar a la veracruzana, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y el dictamen de Opinión Técnica hecho por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) recomendaron al estado de Veracruz ofrecer una disculpa pública a las familias de los cuatro hombres y una mujer, jóvenes adolescentes todos ellos, detenidos por policías estatales para ser entregados al crimen organizado.

Durante los dos años de gobierno de la administración anterior, ni el gobernador ni ninguno de sus funcionarios no mostraron la menor intención de ofrecer un mínimo signo de empatía a las madres y padres desgarrados en medio de una guerra inútil dirigida por incompetentes integrales.

El asunto merece ser visto con atención porque muestra sin atenuantes la naturaleza del régimen anterior, completamente indiferente al dolor de quienes son gobernados. Es la misma indiferente arrogancia con la que estos tíos, los gobernantes del prianismo, trataron durante dos años a las madres y familiares de búsqueda de desaparecidos.

Los gerentes ejecutivos de un mal entendido estado pro empresarial están interesados en apropiarse de los procesos decisorios y con ello de porciones significativas de dinero público. Punto. Los gobernados les tienen sin cuidado. Justo en lo que se empecinan y que parecen estar dispuestos a llevarlo al límite.

Parecen hacer una lectura deformada, desde luego, pero sobre todo riesgosa del terreno que escogen para jugar. El estado de Veracruz tiene peso significativo en la reconstrucción de la república. El manotazo en la mesa que significó la cancelación de la concesión minera al grupo de Salinas Pliego en Baja California, parece dejar en claro que, en tiempos de reconstrucción y emergencia, la paciencia de aquello que vaya en contra del interés público no es mucha.