Política

Acoplamientos

febrero 24, 2019

El jueves de la semana que termina, el presidente López Obrador sugirió no dar más recursos del Estado a organizaciones de la sociedad civil. Esto, en el marco de la reconfiguración institucional y redefinición de las prioridades del Estado. Ello propició un buen número de críticas de organizaciones que atienden a mujeres y sus hijos que viven en ambientes de violencia extrema.

La decisión fue con base en el mandato del Presidente de no transferir recursos del Presupuesto de Egresos a ninguna organización social, sindical, civil o del movimiento ciudadano.

La decisión que puede parecer irracional debe ser entendida en el contexto no de un cambio de gobierno, sino el de un cambio de régimen. Más aún, en la transición de un gobierno profundamente corrupto que fagocitó recursos públicos para convertirlos en privados a escala industrial a uno que se propone tipificar la corrupción como delito grave.

El asunto no es, desde luego, un asunto ideológico. Es la realidad miserable de desmantelamiento y saqueo de los recursos del Estado, hecho por una camarilla de tecnócratas que han oscilado entre la estulticia parlanchina de Vicente Fox, y la estulticia rotunda y a secas de Enrique Peña Nieto. Entre ambas, la sangría macabra desatada por los delirios etílicos y militaristas de un hombre de breve alzada y jodidez extrema.

La República fue tocada durante 40 años de un largo desfile de saqueadores excesivos. Ha sido timada, atracada, espiada, engañada y abusada por una cáfila de gandules con pretensiones que no pocos esperan ver en prisión y, por como parecieran acomodarse las cosas de a poco, no es difícil que así suceda en el futuro cercano.