Política

Taras

febrero 12, 2019

El trabajo del colega periodista Armando Ramos, de AVC, ha puesto a ojos de la opinión pública y los gobernados veracruzanos –especialmente los residentes de Coatzacoalcos–, la cantidad de dinero público y su reparto entre medios informativos. Más de la mitad del dinero destinado a medios de comunicación se concentra en sólo uno de ellos.

De no transparentarse con suficiencia los criterios valorativos sobre los que se basó el reparto de ese dinero público específico, implicará una distorsión que socava el derecho de los gobernados a estar bien informados o, para decir lo menos, tener acceso a la suficiente pluralidad y calidad de información que aliente una mejor y más equilibrada aprehensión de las realidades políticas, sociales y económicas locales del lugar.

Al parecer los funcionarios del nuevo régimen siguen entendiendo el manejo del dinero destinado a comunicación social como un asunto de relaciones públicas y manejo interesado de imagen. Además de evitar ser criticado por el medio, eventualmente. Justo lo que durante años hicieron los gobiernos del viejo régimen. Tanto durante la época del viejo priísmo corporativo y clientelar, como la del malhadado prianismo neoliberal.

Es una debilidad importante esa falta de entendimiento particular. Primero porque atenta directamente contra el derecho ciudadano básico de tener acceso a información suficiente y balanceada; luego, porque socava la formación de una sociedad informada capaz de redefinir por sí misma las relaciones de poder entre gobernantes, gobernados, partidos políticos y medios de información.

¿Cuáles son los criterios por los que un gobierno local prioriza su gasto publicitario y de relaciones públicas por encima de las necesidades de información y pluralidad de ésta de sus gobernados?

No es el único caso y parece claro que los gobernantes no terminan de entender de qué trata la construcción de una sociedad de reflejos democráticos y el imperativo de una sociedad bien informada para lograrlo.