Política

La ciudadanía indefensa ante intereses políticos

febrero 09, 2019

Más allá de la extraordinaria coincidencia en que, justo en días en que se lleva a cabo el proceso de juicio político en la Legislatura contra el fiscal yunista, Jorge Winckler Ortiz, se desató la violencia en Xalapa con diversos episodios de hechos de sangre, balaceras y asaltos, ambos temas demandan una profunda reflexión en torno al actual estado de las cosas.

Desde la llegada de Morena al gobierno estatal, las incidencias delictivas se han acentuado a lo largo de la entidad, y si bien su origen no es reciente pues data de cuando menos unos diez años atrás, en cuanto a su virulencia y afectación al ánimo social la confluencia con el evento político de intento de remoción del fiscal –dados sus pésimos antecedentes operativos, pero sobre todo su vinculación con una administración gubernamental como la yunista en la que menudearon los actos de corrupción y abandono de la responsabilidad del régimen con la sociedad– sólo viene a enrarecer el ambiente veracruzano.

No es difícil suponer cuál es la verdadera intención de empecinarse en permanecer en el cargo de Winckler Ortiz, pues los intereses personales y económicos que tiene con la familia del ex gobernador panista son públicos y es de esperarse que prosiga actuando en beneficio de su proyecto político-empresarial, sobre todo, en el entendido de que la justicia, tarde que temprano alcanzará al ex mandatario; de ahí lo estratégica que es a Yunes Linares la posición del fiscal para funcionar como "topo", en un gobierno al que ha jurado venir por la revancha, tras la derrota de su hijo en los comicios de julio del año pasado.

Distraído en su defensa jurídica que responde sólo a mantener una posición de altísima rentabilidad política y económica, y aislado del resto del gabinete estatal y federal, el fiscal en funciones difícilmente podrá actuar para contener la imparable ola de violencia que ha hecho que distintos sectores sociales expresen públicamente su preocupación.

Ayer mismo, empresarios xalapeños se dijeron preocupados porque pareciera que la delincuencia tiene bien ubicados los sectores que pueden atacar en total impunidad. Al mismo tiempo llamaron a los tres niveles de gobierno a actuar en conjunto y pidieron el apoyo de la Federación para atacar el problema de la inseguridad.

Lamentablemente, el explicable empecinamiento de Winckler Ortiz está pasando una altísima factura a la sociedad, y mientras los intereses políticos a los que responde el funcionario sigan azuzando el conflicto, es de esperarse que las cosas no mejoren a corto plazo.