Política

Desastre estatal frente al interés privado y el sistema de videovigilancia

febrero 07, 2019

Ya se ha dicho en este espacio editorial que la elección que dio el triunfo al ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares fue una prácticamente dividida en tercios; la diferencia entre el primer y el tercer lugar fue de ocho puntos porcentuales. El tercer lugar de Morena no demeritó el crecimiento geométrico logrado en apenas tres años. El electorado veracruzano es esencialmente conservador y el hartazgo proveído por la impresentable administración Duarte proveyó a los gobernados del convencimiento de que se precisaba un cambio. Sobre esa ola, la campaña panista hizo de la inseguridad pública el tema articulador de la oferta política. No desde un posicionamiento conceptual que articulara las decisiones de un eventual gobierno, sino desde la oferta brillosa de los artilugios de tecnología. Drones y cámaras de vigilancia. Poco tiempo después de haber tomado posesión se supo que los drones adquiridos eran utilizados para grabar los eventos del gobernador.

El destino de las cámaras de vigilancia sería bastante menos funcional. Todo habría de ganar en lastre y costo político porque ni cámaras ni drones de vigilancia sirvieron un comino para atemperar los abrumadores márgenes de inseguridad/impunidad. La imposible seguridad en el sur del estado obedece en buena medida a tales disfunciones de origen del gobierno panista. Artilugios y armamento antes de tener el mínimo criterio y base de información de cómo y para qué habrá de usarse para obtener resultados concretos y medibles. Lo medible fue el evidente aumento de la inseguridad pública al sur del estado.

Todo lo anteriormente esbozado puede ser fácilmente verificado con un seguimiento elemental de los registros de prensa. Seis meses después de haber asumido el poder la administración panista, la inseguridad alcanzó cifras históricas; los aspectos de desempleo y la crisis económica nunca fueron considerados como importantes para la toma de decisiones en materia de seguridad. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) –a cargo de Jaime Téllez Marié– se ocupó de drones por más de dos millones de pesos y de instalar un sistema de cámaras que nunca funcionó como estaba supuesto a hacerlo.

Desde luego son aspectos que deben ser investigados y sobre los que es preciso rendir cuentas. Cobra sentido entonces el imperativo de dejar sembrado, por lo menos por algún tiempo, a un funcionario justo en la función administrativa de investigar el delito. Hay razones sobradas para sospechar que el apego del fiscal por el puesto, obedezca a la sobrada inquietud de ex gobernador y desde luego la del propio fiscal por conciliar los cabos sueltos del fiasco del primer gobierno de alternancia.