Política

Dictámenes de juicio político, listos para ser analizados

febrero 01, 2019

Los dictámenes de la Comisión Instructora que avalan el juicio política contra el fiscal general del estado, Jorge Winckler Ortíz están listos, informó el diputado local Rubén Ríos Uribe y precisó, que en caso de ser aprobado por 34 de los 50 legisladores, entonces de inmediato sería separado de su cargo.

Aclaró que esa sería una parte del juicio político, donde la ley plantea la remoción inmediata del servidor público a quien se le detecte la posible comisión de un delito, pero la resolución final recaerá en la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

También dio a conocer que la posible comisión de los delitos y los elementos que encontraron en el expediente ya fueron remitidos a la Procuraduría General de la República (PGR) para su conocimiento y posible investigación.

"Estamos actuando con apego a derecho y respetando los derechos del fiscal Jorge Winckler, quien todavía tendrá una última oportunidad de defenderse hasta por 30 minutos en el pleno frente a todos los diputados locales", expresó y agregó que la única línea que él ha recibido es la de velar por el bien de los veracruzanos.

Luego de celebrar dos audiencias por los dos juicios políticos iniciados, por los abogados del ex director general de Servicios Periciales y el jefe de seguridad de Luis Ángel Bravo Contreras, encontraron elementos de la posible comisión de los delitos de desaparición forzada, tortura e incumplimiento de un deber legal por parte del fiscal.

A la par, consideraron que en el desempeño de sus funciones, Winckler Ortíz habría cometido violaciones a los derechos humanos de las víctimas, afectó el interés público y el buen desempeño de la Fiscalía General del Estado.

El diputado local señaló que será en una sesión extraordinaria cuando se vote el dictamen del juicio político contra el fiscal y explicó que si 34 diputados votan a favor, entonces de manera inmediata sería separado de su cargo.

Sin embargo, la resolución final de este asunto recaería en el Poder Judicial, a través de la Sala Constitucional, donde tres magistrados analizarían el caso y resolverían en consecuencia, lo cual podrían hacerlo en un plazo no mayor a un año.